El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha convocado, para el 30 de junio, una subasta de 32 inmuebles procedentes de herencias intestadas (es decir, patrimonio por el que no se han encontrado herederos) por las que prevé obtener cerca de 2,8M de euros.
Casi todos estos inmuebles salen a la venta por primera vez, con la sola excepción de un estudio y un piso de Barcelona, y han acumulado deudas, gastos y desperfectos durante todo el tiempo en que han estado desocupados esperando al heredero que nunca llegó. Gastos y deudas que se habrían podido evitar solicitando un servicio de genealogía sucesoria.
No hacerlo es algo que cada vez resulta más contradictorio cuando, en el conjunto del Estado, se estima en cerca de 100M de euros anuales la masa hereditaria que se queda sin sucesores y que se queda el Estado o bien los bancos. Una cifra que no tiene nada de extraño teniendo en cuenta los fuertes flujos migratorios sufridos por el país durante la Guerra Civil y la dictadura, y que dificultan la tarea de encontrar herederos en un contexto de amplia dispersión geográfica.
Genealogía sucesoria
Un genealogista se encarga de la búsqueda de herederos hasta la liquidación de la herencia, siempre a partir de información proporcionada por un profesional, generalmente un abogado o un notario, y siempre que haya una prueba objetiva de defunción. Su metodología incluye conocimientos jurídicos y dotes detectivescas para rastrear datos y seguir pistas a nivel global.
En la mayoría de herencias que se pierden en subastas públicas por falta de un sucesor, la causa es la falta de profesionalidad, metodología y red de contactos por parte del encargado de buscar a los herederos. A diferencia de otros países donde es práctica habitual, en España raramente se recurre a genealogistas, lo cual explica el elevado nivel de fracaso en encontrar a los legítimos sucesores.