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El director general de Vivienda de Madrid, José María García Gómez, ha anunciado durante las II Jornadas API de Madrid su “compromiso público” a impulsar una norma “similar” a la de Cataluña para crear un registro de profesionales
“Es necesario regular de alguna forma a través de un decreto la práctica de la profesión inmobiliaria en el ámbito de la comunidad de Madrid”, ha afirmado José María García Gómez, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, durante la celebración de las II Jornadas API de Madrid.
Este anuncio es el primero que de carácter oficial se realiza después de un largo periodo durante el cual el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid lleva trabajando para que la Administración reconozca y establezca, en el ámbito autonómico, una serie de garantías y requisitos que se exijan a los operadores del sector inmobiliario en su práctica profesional, en consonancia con las normas de Competencia y las Directivas de la UE.
Según ha explicado, la necesidad de regular de alguna forma la actividad inmobiliaria responde a “identificar al buen profesional”, lo que permitiría diferenciarlo del “intruso” o “advenedizo”. Por otra parte, ha indicado que “un reto para el futuro es no solo atender a la cuestión normativa, sino al conocimiento y a la capacidad del profesional”. Dicho decreto respetará, ha apuntado, la Directiva europea de Servicios y creará un registro obligatorio de agentes inmobiliarios. El director de Vivienda ha afirmado su “compromiso público” para llevar adelante la normativa.
Cataluña fue la autonomía pionera en aprobar una normativa de estas características, el Decreto 12/2010. En esta región hay 5.076 profesionales inmobiliarios que para ejercer la intermediación cumplen una serie de requisitos: establecimiento (domicilio conocido), capacitación profesional (con exigencias de formación), póliza de responsabilidad civil, seguro de caución e inscripción en el Registro.
Carles Sala i Roca, secretario de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalidad de Cataluña, ha valorado muy positivamente los efectos de la referida normativa porque “la influencia sobre los precios del mercado ha sido nula y trata de luchar contra el intrusismo y la mala praxis”. Sala ha apuntado que con esta normativa “se da protección a los usuarios y mayor prestigio a los profesionales”.
El impacto que una norma como la anunciada puede tener en la Comunidad de Madrid es considerable, pues, con motivo de la liberalización, hay muchos profesionales que no están identificados ni localizados, lo que supone una evidente falta de garantías para los consumidores y el interés general.
