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Roca Junyent ha puesto fin a un litigio con más de 21 años de vida con la primera mediación en España en un proceso urbanístico con orden de derribo. Se trata del edificio que fue la antigua sede de Unión Fenosa en La Coruña, condenado al derribo tras haber agotado todas las vías previstas por la Administración de Justicia. En este punto, el Ayuntamiento de La Coruña propuso en octubre de 2018 iniciar un proceso de mediación, medio alternativo de resolución de conflictos en el que todas las partes voluntariamente intentan buscar una solución al conflicto.
La mediación, encargada al equipo formado por Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y of counsel del despacho, Marlen Estévez, socia responsable del área de Arbitraje, y José Aitor Santana, abogado especializado en litigación y arbitraje, ha concluido con un preacuerdo entre todas las partes (Ayuntamiento, denunciante y comunidad de propietarios), a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia apruebe la decisión. Si el Tribunal da el visto bueno al preacuerdo, evitará el derribo del edificio, permitirá que las familias mantengan sus viviendas y evitará el daño económico al municipio, ya que los costes derivados de la ejecución de la sentencia se han estimado en aproximadamente 60 millones de euros. Esta fórmula abre la puerta para numerosas causas urbanísticas similares que actualmente se encuentran bloqueadas en España.
La antigua sede de Unión Fenosa fue vendida a la ya extinta Fadesa en 1997. Un año más tarde, el gobierno municipal aprueba la licencia que permite la reforma del edificio y su reconversión en residencial. El proyecto de reforma del inmueble presentaba irregularidades que denunció el arquitecto Valentín Souto, una demanda que estimó el TSXG en primera instancia en 2001, ordenando la demolición del inmueble. La sentencia fue confirmada en 2006 por el Tribunal Supremo, tras rechazar el recurso de Fadesa, y en 2009, tras el recurso del Ayuntamiento de La Coruña. Tras nuevos giros en el litigio, es finalmente en 2017 cuando el Tribunal Supremo ordena el derribo del edificio sin posibilidad de recurrir.
El preacuerdo, resultado de la mediación, sustituye el derribo y las consecuencias del mismo por una serie de medidas de obligado cumplimiento que han sido acordadas por las partes:
1. El reconocimiento público de la responsabilidad de la corporación municipal en la anulación de la licencia urbanística.
2. La adopción de un protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas para evitar que vuelvan a producirse casos como el del edificio Fenosa.
3. La construcción de un edificio que albergue alrededor de 50 viviendas protegidas, a solicitud del demandante.
4. La modificación del plan general para que el Edificio Fenosa pase a considerarse edificio singular, hecho que despeja la situación urbanística del inmueble.
