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Desde hace muchos años los arrendadores han tenidoque soportar una parte importante de la políticasocial en materia de vivienda renunciando a la libredisponibilidad de sus fincas y a extraer una legítimarentabilidad de las mismas. El resultado de esta políticaha sido la de la reducción del parque de viviendaen alquiler que apenas supera el 11% del total devivienda en España y es sustancialmente inferior alexistente en otros Estados de la Unión Europea.En los últimos tiempos, sin embargo, se han adoptadoalgunas medidas para favorecer la situación delarrendador que no pueden ser desconocidas. Entreestas destaca la reducción de la tributación de losarrendamientos en el IRPF del arrendador, la introducciónde un régimen fiscal especial aplicable a lassociedades dedicadas al arrendamiento de inmuebleso la simplificación de los procedimientos dedesahucio en caso de impago.Además, en determinadas Comunidades Autónomasse han iniciado programas en los que laAdministración pública asegura al arrendador elpago de la renta pactada o es la propiaAdministración quien se convierte en arrendataria.Estas son las medidas que van en la dirección correctay aun siendo insuficientes es necesario alabar yaque son las imprescindibles para que la inversión enbienes inmuebles para destinarlos a arrendamientopueda resultar atractiva a empresas y particulares.
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