Revista Inmueble | Noticias, información y actualidad sobre sector inmobiliario y derecho
El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que ha aprobado el Ejecutivo por entender que «invade sus competencias».
En concreto, el recurso se centra en ocho artículos de la ley y del texto refundido de la Ley del Suelo, que ya fue recurrido en 2008 por la Comunidad de Madrid y sobre lo que no hay aún sentencia.
El portavoz regional, Salvador Victoria, ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que el Ejecutivo invade sus competencias con esta norma, ya que, asegura, impone a las comunidades autónomas la obligación de atenerse a los parámetros establecidos por el Ejecutivo. Es decir, que a la hora de que un municipio redacte su Plan General de Ordenación Urbana ya no tendrá en la Comunidad de Madrid su supervisor. En este caso, ya sería el Gobierno central. Es decir, que, según Victoria, puede establecer la cifra y la ubicación de las viviendas protegidas. A su entender, esta es una competencia regional y no estatal.
Asimismo, rechaza la figura del Agente Rehabilitador por el que el Gobierno obligaría a los propietarios de inmuebles a remozar el edificio. Los ayuntamientos tienen en su ordenamiento la obligación de de los propietarios de mantener y conservar los inmuebles. Esta figura la implantó por primera vez el Ayuntamiento de Madrid a través de la es concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, que ahora está en el Ministerio de Fomento.
El objetivo es impedir que el propietario de un inmueble lo deje morir para especular con el valor del suelo. Esta figura se aplica en situaciones extremas, cuando el edificio amenaza ruina. El Ayuntamiento intercede y si no hace nada se le podría llegar a expropiar, o bien se le da la posibilidad de que un privado se haga cargo de la reforma. El dueño de la reforma los tendría que abonar el propietario, bien en dinero o materialmente.
Respecto a este asunto recurren los tres artículos referidos al Agente Rehabilitador por considerar que «interfiere en el derecho de propiedad privada».
Victoria precisó que esta figura permite a una empresa privada actuar sobre la propiedad privada de otra persona jurídica, adquiriendo además derechos propios de la Administración pública como es la capacidad de expropiar el edificio.
«El Agente Rehabilitador es una figura jurídica que permite que una empresa privada expropie un edificio declarado para rehabilitar y cuyo propietario no esté llevando a cabo esas obras de rehabilitación», señaló.
Una vez expropiado, el Agente Rehabilitador llevaría a cabo esas obras de reforma del edificio y abonaría al propietario la cantidad correspondiente en concepto de pago del edificio, según explicó.
La Comunidad de Madrid cree que esta figura es inconstitucional por atentar contra el derecho de la propiedad privada y no concuerda con los principios liberales del Partido Popular.
El Gobierno lideró la inversión extranjera en España en 2013. En total, asumió el 55% del país o lo que es lo mismo 8.635 millones. Esta cifra, aseguró Victoria, es más del doble de lo que llegó a Cataluña y casi nueve veces más que el País Vasco.
Asimismo, señaló que la Comunidad también encabezó la inversión extranjera en el exterior, con 10.766 millones o lo que es lo mismo el 68,4% del total nacional. Para el portavoz regional el motivo de estos buenos datos está en la política económica de la Comunidad de Madrid.
