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La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El órgano de gobierno de los jueces entiende que aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.
Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.
Especialización de Juzgados de Primera Instancia
La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.
La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se tomaría en estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para estudiar el plan- y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.
La competencia debe ser exclusiva y no excluyente porque de lo contrario se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran excluidos los órganos especializados.
Esta es la razón de que la Comisión Permanente haya considerado que la competencia exclusiva y no excluyente deba ir acompañada de medidas de refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.
Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.
La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.
El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.
Mayor seguridad jurídica
El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en materia de comercialización de productos híbridos financieros (preferentes).
Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los Juzgados de Primera Instancia. De este modo se garantiza eficacia y rapidez en la resolución de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y, a la vez, que los tiempos de respuesta a los litigios de otra clase no se dilaten.
También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios, lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales; y daría un uso racional a la figura de los JAT, aprovechando su versatilidad para acomodarse a los cambios sociales, legales o jurisprudenciales que cada vez tienen un reflejo más rápido en las cargas de trabajo de los tribunales.
Por último, el CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia.
