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El Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas ha manifestado su posición tras publicarse el Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes sobre alquiler social y turístico
Los administradores de fincas a través de un comunicado del CGCAFE han comentado el reciente Real-Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler publicado el pasado 14 de diciembre.
Consideran que dichas medidas no conseguirán dar solución a los problemas de la situación actual de España en relación al alquiler y al mercado inmobiliario. «Nuestro país ha sufrido siempre un grave problema con las viviendas en alquiler. La regulación, históricamente muy rígida, unida a una cultura social proclive a invertir en la compra de vivienda como el principal sistema de ahorro de los ciudadanos, ha impedido un desarrollo de este mercado similar a los países del resto de Europa», subrayan.
Aseguran que apenas hay viviendas en alquiler de proteccion oficial o de renta limitada, solicitando que se incremento el parque de viviendas sociales o las económicamente sostenibles para poder atender a la demanda de las familias más vulnerables y a los jóvenes que buscan comprar su primera casa.
Consideran que la responsabilidad no deben recaer en los propietarios de las viviendas para alquiler destinadas a funciones sociales sino de las administraciones públicas para que así se pueda «garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna».
En referencia al alquiler para uso turístico, consideran que la definición dentro de la LAU (la Ley de Arrendamientos Urbanos) debe ser «más precisa». Con el fin de buscar una regulación más homogénea, teniendo en cuenta que ahora lo regulan las distintas comunidades autónomas, abogan por analizar el arrendamiento turístico desde un marco global.
También consideran positivo que se flexibilice los requisitos para negar la existencia de uso turístico o que se les pueda exigir a los titulares de este tipo de viviendas mayor contribución económica en los gastos general del bien inmueble.
Finalmente, solicitan una nueva Ley de Propiedad Horizontal pues consideran que la reforma de la actual es «una reforma incompleta». Solicitan que debería crearse una nueva donde se tenga en cuenta la voluntad del servicio al ciudadano, el compromiso con los discapacitados y el fin de trabajar por la equidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
