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La nueva reforma del alquiler de vivienda recientemente aprobada por el Gobierno, que se ha traducido en el Real Decreto Ley 7/2019, frustra las esperanzas para el despegue del alquiler en España. Así lo advierte el Colegio Oficial y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid
Teniendo en cuenta el buen recorrido que hasta ahora ha tenido en el mercado español el parque de alquiler –Si en 2011 existía un 20,3% de viviendas destinadas al alquiler en España, seis años más tarde aumentó hasta un 22,9% de viviendas destinadas al arrendamiento, existiendo 700.000 viviendas bajo esta fórmula en 2017-, la reforma insiste en desincentivar este ámbito, en lugar de impulsarlo, confirmando los temores que ya se advirtieron en el mes de enero y trunca así una evolución positiva de la que ya se vislumbraba su continuación favorable al iniciarse el último trimestre del año pasado.
Además, la reforma, segunda que se aprueba en menos de cuatro meses y que mantiene el grueso de medidas introducidas por el ya derogado Real Decreto-ley 21/2018, añade nuevos cambios entre los que destaca el límite máximo de actualización de la renta conforme al IPC. De esta forma, no se hace otra cosa que agravar todavía más el escenario introducido con la anterior reforma, resultando perjudicadas la parte arrendadora y las personas jurídicas, pues además de trasladar a éstas una serie de cargas que provocarán una subida del 15% en los precios, también desincentivarán el dinamismo de salida al mercado de inmuebles destinados al alquiler.
El nuevo Real Decreto-ley 7/2019, todavía pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, añade ahora mayor inseguridad, pues introduce el compromiso de crear en ocho meses un sistema estatal de índices de referencia en los precios del alquiler de vivienda, una medida intervencionista que, a día de hoy, no hace sino crear un marco de incertidumbre en el mercado. Se desconoce por ahora cuál será el mecanismo de funcionamiento real de este sistema, pero deja abierta la puerta a que se produzca un desorden regulatorio, agravado por la posibilidad de que las autonomías tengan “su propio índice de referencia”. De esta forma, se acelerará la paralización que ya está sufriendo el mercado del alquiler desde principios de año.
