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En un demoledor informe de 34 páginas, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), organismo autónomo pero dependiente del ejecutivo vasco, pide al Gobierno de Urkullu que cambie buen parte de la futura ley que regulará los pisos turísticos en el País Vasco porque considera que “crea barreras para los que no están en el mercado” y en definitiva, favorece a los hoteles.
No es el único organismo encargado de velar por la libre competencia en España que defiende los legítimos intereses de los propietarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha denunciado la normativa que regula las viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid por permitir sólo estancias de al menos cinco días.
Desde que en junio de 2013 el gobierno cambiara la regulación del alquiler vacacional, algunas Comunidades Autónomas, como Baleares, han restringido hasta prácticamente prohibir esta forma de alquiler, al dictado del sector hotelero. En el caso del País Vasco, Competencia arremete contra el anteproyecto del Gobierno Vasco que pretende regular el alquiler de los pisos turísticos, una medida muy reclamada por el sector, pero tomando punto por punto las exigencias de los hoteleros.
El organismo recomienda que se revise el anteproyecto y se eliminen todos los aspectos que supongan barreras de entrada a nuevos operadores. Considera que el proyecto pone puertas al campo, contempla multas excesivas, “protege” a los que ya forman parte del sector turístico, es decir, a los hoteles y hostales, y desprotege al cliente, al limitarle las alternativas.
El proyecto contempla el registro de aquellos pisos destinados al alquiler vacacional. Sin embargo, Competencia no ve ventaja alguna al respecto. Estima que un sistema de registro voluntario junto con las obligaciones de publicidad de las condiciones completas de la oferta en internet sería suficiente para proteger y garantizar los derechos del usuario.
Por otro lado, la AVC considera abusivas las sanciones que se podrían aplicar a los propietarios que no cumplieran con la normativa: de entre 10.000 y 600.000 euros.
