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La filtración, más o menos interesada, según la cual el proyecto de Ley de Suelo promovido por el Ministerio de Vivienda incluirá la posibilidad de promover la expropiación de pisos desocupados, nos parece de todo punto rechazable e inaceptable, y propia, no de un estado de derecho, en el que la administración debe garantizar la seguridad jurídica, el seguimiento de un procedimiento adecuado, el imperio de la ley, y la protección de los derechos reconocidos en la constitución a todos sus ciudadanos, sino la de un país en el que impera la arbitrariedad por encima de la norma.
¿Cuanto tiempo tendría que estar vacía una vivienda para poder considerarla desocupada?¿Como se podrá demostrar que una vivienda está desocupada? ¿ se «obligará « a los vecinos a denunciar los pisos vacíos?
Si esta última opción fuera contemplada, entraríamos a formar parte de un grupo privilegiado de países, pero no de países avanzados, estables y democráticos sino de países en los que la democracia está puesta en duda o ni existe.
Son demasiadas las incógnitas planteadas. Esperemos que durante la tramitación parlamentaria, los diversos informes y consultas permitan al ministerio encontrar el camino adecuado a los problemas que se le plantean y olviden esta línea de trabajo.
Pese a la alarma inicial, no obstante la propia ministra Trujillo se ha encargado de matizar y rectificar inmediatamente la noticia, cosa que aplaudimos vivamente.
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