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Reconociendo los esfuerzos del actual equipo de gobierno en aras de favorecer el abaratamiento de la vivienda se ha publicado la nueva ley del suelo que entra en vigor el 1 de julio.
Es cierto que es necesario un texto estatal como normativa general básica que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad de oportunidades dentro de la maraña de normativa existente en la actualidad.
Esta necesidad no se ha podido cubrir nunca, a pesar de las sucesivas leyes de suelo y sus reformas
Lo cierto es que esta ley parece evidente que, por su orientación, salvando la buena fe de legislador, es trasnochada, dado que pone de nuevo en manos de la burocracia administrativa la gestión del suelo y se olvida de aspectos pragmáticos. Contiene todos los elementos necesarios para favorecer la especulación que intenta evitar.
Esta ley nos retrotrae a tiempos anteriores., a un periodo de encarecimiento del suelo en uno de los países de Europa con menor densidad de población por tanto donde más suelo disponible hay por habitante
La ley de 1998, a la que viene a sustituir este nuevo texto, pretendió liberalizar el suelo pero no lo consiguió. Debido en gran parte a los continuos recursos que se plantearon contra la misma que impidieron su aplicación total.
La nueva ley vuelve a la situación primitiva sin poder llegar a saber si la anterior normativa era buena o mala
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