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Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo avala que los afectados por la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de Vivienda (Ivima) de la Comunidad de Madrid al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs puedan impugnar la operación. La venta, que se produjo en 2013 por 201 millones de euros no puede anularse, pero sí abre la posibilidad a reclamar.
Según el magistrado del Alto Tribunal, la compra de estas viviendas por parte de una empresa privada “menoscaba la protección social” a la que estaban destinadas las viviendas. “La venta implica que la vivienda pasa del sector público a una empresa privada, con las diferencias en cuanto al grado de protección social de la vivienda y de sus arrendatarios que ello implica”, concreta la sentencia.
Hasta ahora, los diferentes tribunales habían dictaminado que los inquilinos que vivían en estas viviendas no se veían afectados por el cambio de titularidad, por lo que le impedían el derecho a impugnar la operación.
La venta de 2.935 vivienda Joven del Ivima al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs se realizó en 2013 mediante subasta por 201 millones de euros. La actual sentencia del Supremo no anula la operación, pero si abre la puerta a los afectados a que puedan reclamar por la situación que ha cambiado.
