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La Dirección General de Catastro ha dado un paso más en la lucha contra el fraude tributario abriendo una nueva línea de colaboración con los administradores de fincas, profesionales que intervienen en casi un 15% de las transacciones inmobiliarias realizadas tanto en materia de arrendamiento como compraventa.
A través de la firma de un convenio con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), publicado en el BOE el lunes 6 de abril de 2015, se facilitará a los ciudadanos acceder electrónicamente a los datos catastrales precisos para la conclusión de las transacciones, «posibilitando que los trámites inmobiliarios pueden ser más rápidos y las formalizaciones contractuales gocen además de la máxima protección jurídica, transparencia y, sin duda alguna, exactitud en los datos», asegura esta corporación.
En los últimos meses los administradores de fincas colegiados están detectando que un 20% de las notificaciones recibidas por los ciudadanos respecto a la nueva valoración catastral contiene datos erróneos. «Se han podido constatar, entre otras cuestiones, errores en la identificación del inmueble, su ubicación, la superficie construida y útil, o la titularidad», confirma Salvador Díez, presidente del CGCAFE. Errores que, una vez detectados, deben comunicarse al Catastro.
Y es que, como aseguran los administradores de fincas, es necesario que la fiscalidad se ajuste a la realidad patrimonial de los contribuyentes para abonar los impuestos. «Conviene recordar que el incumplimiento de esta obligación fiscal puede conllevar una sanción», añaden desde el CGCAFE.
Según el Ministerio de Hacienda, los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas que suscriban este convenio asumirán un doble compromiso: por una parte, presentarán las declaraciones catastrales de los obligados tributarios, como mandatarios de éstos, ante la correspondiente Gerencia del Catastro o ante los Ayuntamientos; y, por otra, tendrán que habilitar en su sede colegial un Punto de Información Catastral, que será gestionado por el propio Colegio, y que permitirá la consulta y certificación electrónica de los datos catastrales contenidos en la Base de Datos del Catastro.
Esta fórmula de colaboración prevé, además, la remisión periódica a la Dirección General del Catastro, por parte de los Colegios, de información sobre los precios de oferta de las transacciones de compraventa y alquiler de inmuebles en las que intervengan sus colegiados, así como de las peritaciones que éstos efectúen.
