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Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reclaman una mayor transparencia del mercado, la creación de registros de operadores inmobiliarios y que se vigilen prácticas financieras similares a las que crearon la burbuja
El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria pide al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que tome medidas para evitar una nueva “burbuja inmobiliaria” en España ante el cambio de ciclo que está experimentando el mercado inmobiliario. La entidad solicita medidas urgentes que proporcionen más transparencia del mercado y una mayor defensa de los consumidores con el fin de que no se repitan las situaciones de estrangulamiento financiero de las familias y los miles de desahucios provocados por la reciente crisis inmobiliaria. Por ello, el colectivo API se pone a disposición de Íñigo de la Serna para colaborar en el diseño de las medidas que sean necesarias para crear un mercado inmobiliario más seguro y estable.
En este sentido, el presidente del Consejo General API, Diego Galiano, recuerda que ya hay expertos que están alertando de prácticas similares a las que originaron la anterior burbuja inmobiliaria, por lo que cree necesaria “una intervención decidida para que no vuelva a repetir una situación traumática a nivel económico y social”. De esta forma, el Consejo General API pide que la regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario sea mucho más transparente. Para ello, es fundamental que no se produzca una relajación de las condiciones de concesión de préstamos hipotecarios, a la vez que es necesario vigilar que la banca no otorgue financiación a proyectos en zonas sin demanda de vivienda nueva, sin el necesario número de preventas o en suelos sin licencia.
Además, los API piden que las empresas tasadoras no estén ligadas a ninguna entidad financiera, de forma que se garantice que las valoraciones sean independientes y ajustadas a la realidad del mercado. “Los tasadores deberían estar vinculados profesionalmente al mercado inmobiliario y ser conocedores de primera mano de los mecanismos de compraventa”, señala José Luis Polo, vocal del Consejo General y presidente del Colegio API de Guipúzcoa.
Por otra parte, los API manifiestan que una nueva burbuja se puede evitar con un consumidor mucho más informado de sus derechos y del funcionamiento del mercado de la vivienda. Por ello, reclaman que la legislación garantice una mayor transparencia al sector inmobiliario, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas. “También aportaría mucha más seguridad a las operaciones la creación de registros de operadores inmobiliarios obligatorios, que impliquen que el operador inmobiliario cuente con una sede declarada y reconocible, que posea seguro de responsabilidad civil y de caución y que cuente con una formación suficiente para el ejercicio de la profesión”, indica Polo.
En este sentido, José Luis Polo recuerda que España es el único país europeo en que la actividad de mediación inmobiliaria es libre y sin ninguna regulación, en el que cualquier persona puede intervenir sin requisito alguno. “Esto choca con la protección que merecen los consumidores y usuarios que compran o arriendan una vivienda, cuya función social está declarada en la normativa española. En nuestro país ni siquiera es necesario saber leer y escribir para intermediar en una operación inmobiliaria, una situación que debe corregirse y que puede ayudar a explicar muchas situaciones que condujeron a la anterior burbuja”, afirma.
