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Estamos viviendo unos momentos llenos de sorpresas en todos los órdenes sociales. Entre otras muchas, queremos llamar la atención sobre la decisión gubernamental de paralización de los juicios de desahucio por un período de seis meses. Esta medida se adopta con el objetivo de ayudar a los arrendatarios cuya economía se supone ha sido perjudicada por la alarma sanitaria. Pero también, sin duda, implica perjudicar los derechos del arrendador que, por otro lado, por el hecho de ser propietario no está inmune a los efectos económicos de la mencionada alarma social. No parece justo que en una relación contractual entre dos partes se ayude a una a costa de perjudicar a la otra y a la sociedad en general. Esta suspensión temporal de los juicios de desahucio contribuirá a fomentar de forma generalizada el impago de rentas, a incrementar el precio de los alquileres y a procurar un importante crecimiento del colapso judicial en los próximos seis meses. Al final esa decisión, aun sin pretenderlo, perjudica más que ayuda. Con la justicia, no se juega.
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