Todos los sectores económicos requieren tener un marco jurídico seguro y claro que permita a los que operan en el mismo sentirse tranquilos. Saber con claridad y precisión cuáles son las reglas del juego. Solo si existe este entorno de seguridad jurídica es posible exigir responsabilidades a los que pudieran quebrantar las normas. Si no existe un ordenamiento claro, las personas físicas o jurídicas no saben a qué atenerse, no saben realmente lo que pueden o no pueden hacer. La falta de seguridad jurídica ralentiza de forma exponencial la toma de decisiones de los profesionales y empresas con independencia de su tamaño.
Este retraso provoca pérdidas muy importantes para los frustrados actores que son víctimas de la inseguridad jurídica, pero también para todos aquellos que realizan actividad económica en los territorios que se verían influenciados por la actividad sometida a condición suspensiva; sometida al cumplimiento de un hecho futuro e incierto que, solo de cumplirse, les permite llegar a la capacidad de actuar (conditio deficit).
Lamentablemente en muchos términos municipales todo depende de que el Secretario (de oposición), no esté enfrentado al Alcalde (político). De ahí que desgraciadamente en España, muchas veces, antes de mirar o estudiar la ley, tengas que depositar tu atención en el rostro de los que de una forma u otra gobiernan nuestros municipios, que son los que al final permitirán, o no, que el proyecto se convierta en realidad. Regreso a la arbitrariedad medieval, ni más ni menos. Nos lo dice con tristeza un promotor, de los que todavía trabajan, alejándose de una sobremesa municipal.
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