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La propuesta de Hacienda para regular el negocio del alquiler vacacional empieza a recibir las primeras críticas. En esta ocasión llegan de la mano de la Asociación Española de la Economía Digital, que ha publicado un documento con las alegaciones presentadas formalmente al proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno.
Recordemos que la intención del fisco es obligar a las plataformas de pisos turísticos que entreguen información sobre propietarios y huéspedes para evitar posibles fraudes fiscales. Sin embargo, Adigital estima que la obligación de identificar a caseros e inquilinos es contraria a las leyes que rigen este tipo de servicios.
“La asociación, que se encarga de promover y apoyar la economía digital en España, asegura que estas exigencias son contrarias “a la normativa comunitaria y estatal, así como a los principios del mercado interior y de unidad de mercado” e imponen “graves e injustificados obstáculos” a la libre prestación de servicios por parte de las plataformas digitales”, explica el comunicado.
Adigital recuerda que en la actualidad estas plataformas online de alojamientos turísticos son “consideradas Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información y se rigen por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) -que sigue las directrices marcadas por la Directiva de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)-. Según esta consideración, su actividad es meramente técnica y automatizada, lo que implica que no tienen conocimiento efectivo ni control sobre la información transmitida o almacenada en sus webs y aplicaciones”.
Aun así, la intención del Gobierno es exigir a las plataformas que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas que proporcionen a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información sobre todos sus usuarios (tanto quienes ofrecen una vivienda como quienes la alquilan) bajo la premisa de evitar el fraude fiscal. “Se refiere a datos personales (nombre, apellidos, documento de identidad), referencias catastrales de los inmuebles, e incluso detalles sobre la duración de las estancias, el importe de cada alquiler o la naturaleza del intercambio cuando no exista contraprestación económica”, recuerda el comunicado.
El problema, según Adigital, no es solo que tales obligaciones sean contrarias a la normativa que se les aplica, sino que implicaría modificar un régimen de responsabilidad, un régimen que precisamente ha impulsado el crecimiento de la sociedad de la información en Europa y que ha fomentado la economía colaborativa, cuyo papel será determinante en el futuro crecimiento económico comunitario.
“Es muy importante respetar el régimen jurídico que la LSSI impone a estas plataformas digitales por varios motivos. Primero, porque responde a una realidad: los contenidos de las plataformas son aportados por terceros ajenos a las mismas. Segundo, porque tiene que ver con la propia naturaleza tecnológica de la plataforma, que se basa en una actividad automatizada y que hace que las plataformas no tengan ni conocimiento efectivo ni control sobre la información transmitida o almacenada. Y, por último, porque se ajusta a ciertos derechos fundamentales de los usuarios en Internet, como son la Ley de Protección de Datos o incluso el mantenimiento de la neutralidad de la red”, sostiene José Luis Zimmermann, director general de Adigital.
Otra de las quejas de Adigital sobre el borrador con el que trabaja el Ejecutivo es que no distingue entre los diferentes modelos de negocio que pueden tener las plataformas online, sino que engloba bajo la misma categoría a una que se limita a ser un portal de anuncios clasificados como a otra que ofrece servicios adicionales de intermediación. “En ningún caso el borrador tiene en cuenta esta diversidad de modelos existentes según el tipo de intermediación que realizan y la información que cada una recaba de sus usuarios”, agrega la asociación.
Las alegaciones de Adigital no acaban aquí. Y es que también considera que la propuesta de Hacienda es un freno al emprendimiento y a la aparición de nuevos negocios en España.
“La imposición de obligaciones tributarias injustificadas y desproporcionadas como las que se prevén en este Real Decreto –que implican unos trámites y procedimientos de imposible cumplimiento para las plataformas– supone una clara barrera de entrada al mercado que desincentivaría el emprendimiento y la entrada de nuevas compañías innovadoras que fomenten una mayor competencia, y perjudicaría a las plataformas que ya están operando –especialmente a las pequeñas– por imponer trabas administrativas de imposible cumplimiento”, afirma el documento.
Tras esta batería de críticas, el organismo pide al Gobierno un diálogo abierto con todos los agentes que intervienen en este mercado para tratar de buscar una solución que vele por el interés general, evite fraudes y encaje dentro del marco normativo comunitario.
En esta misma línea, Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de idealista, recalca que “estamos abiertos a explorar soluciones que supongan aportar transparencia al mercado del alquiler vacacional, sin que para ello tengamos que saltarnos las directrices y normativas que nos regulan como Plataformas prestadoras de servicios de la Sociedad de la Información».
Fuente: Adigital
