El gobierno de Cataluña acaba de retomar una iniciativa legislativa cuyo objetivo es afrontar el problema de la escasez de viviendas disponibles.
Relacionar la amplia oferta disponible de viviendas con la altísima demanda debería ser el objetivo de esta ley, aunque los métodos elegidos no parecen los más idóneos.
Una de las razones por la que hay varios cientos de miles de pisos vacíos en las grandes ciudades, no solo es la inversión, sino que no se ponen y no salen al mercado de alquiler por una causa sobre la cual los Gobiernos han pasado tradicionalmente por alto sin entrar a resolver la raíz auténtica del problema
Los propietarios de viviendas tienen temor a los posibles abusos que puedan cometer los inquilinos ya que la ley parece amparar los desmanes o, cuando menos, la pasividad frente a los abusos, cuando estos se producen. Uno de ellos es lógicamente el impago del alquiler. Pero no es el único.
Los propietarios estarían encantados de sacarle a sus viviendas una utilidad económica mediante un alquiler siempre que tuvieran la seguridad de que por un lado van a cobrar la renta y por otro van a poder disponer de la vivienda cuando el contrato suscrito establezca.
Y esas dos seguridades no las tienen hoy por hoy la inmensa mayoría de los arrendadores de pisos. Este es el problema de fondo que ha frenado tradicionalmente la actividad del alquiler de viviendas en España. Eludir la resolución de estos problemas mediante expropiaciones es intentar matar moscas a cañonazos
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