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Los promotores y constructores han sido acusados con mucha frecuencia de incumplir la ley de forma directa o indirecta, para tratar de alcanzar sus objetivos empresariales. Estas acusaciones en muchos casos han estado fundamentadas, no en otros, pero sin querer exculpar a nadie que haya violado la ley, si conviene decir, que, lamentablemente, en muchos ayuntamientos españoles, los empresarios del sector inmobiliario que quieren realizar actividades productivas, carecen del mínimo nivel de seguridad jurídica exigible en un estado de derecho para cumplir su objeto social.
Esta triste realidad, perjudica a promotores y constructores, pero también y más, a toda la sociedad en general. Las autoridades deben tener respeto por los ofertantes de empleo, y por ello, por la lícita actividad de las empresas.
En las últimas semanas el ayuntamiento de Benidorm es ejemplo de la carencia denunciada, pero el listado de consistorios con situaciones similares es extenso, tanto como la santa paciencia de nuestra ciudadanía.
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