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El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo de concesión de avales ICO hasta el 30 de junio del año 2021, con una extensión del plazo de devolución hasta un máximo de ocho años y una carencia incrementada en 12 meses. Este tipo de medidas son adecuadas, aunque no suficientes para recomponer la delicada situación económica que padece España. No obstante, lo natural es que con el paso del tiempo y la llegada de las vacunas el mercado tienda a recuperarse. Lo malo es que esta mejora natural que sucede a las épocas de crisis, puede no llegar a nacer si se toman medidas desde el Gobierno que atentan contra la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica la oferta y la demanda se esconden. Un ejemplo de siembra de inseguridad jurídica es el mensaje difundido desde el Gobierno en el sentido de impedir los desahucios durante varios años. Aunque esta amenaza no llegue a convertirse en realidad, el daño a la reputación jurídica del mercado inmobiliario español ya está hecho.
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