Revista Inmueble | Noticias, información y actualidad sobre sector inmobiliario y derecho
El Decreto 256/2019, de 10 de octubre, establece la ordenación y el régimen jurídico aplicable a las viviendas y habitaciones de viviendas de uso turístico ubicadas en el ámbito territorial de la Región de Murcia y fija los requisitos mínimos que deben cumplir tanto los alojamientos como los titulares de su explotación, el régimen de funcionamiento y el procedimiento para su clasificación turística.
Ámbito de aplicación
El objeto de la norma son las viviendas de uso turístico que se ceden en su totalidad y las viviendas de uso turístico que se ceden por habitaciones, excluyéndose de su ámbito de aplicación la simple tenencia de huéspedes con carácter estable y las viviendas que, por motivos vacacionales o turísticos, se cedan, sin contraprestación económica; la cesión de vivienda o de habitación que esté sometida a la legislación de arrendamientos urbanos y los alojamientos en apartamentos turísticos regulados por su normativa específica.
Viviendas de uso turístico
El texto define las viviendas de uso turístico como aquéllas que se ceden con fines vacacionales, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística para ser cedidas temporalmente a terceros, con habitualidad y mediante precio, y que cumplan las especificaciones legalmente establecidas.
Se clasifican en viviendas de uso turístico cedidas en su totalidad o cedidas por habitaciones destinadas a dormitorio, compartiendo la estancia con el propietario.
El Decreto regula su explotación, publicidad y oferta e información sobre los servicios a contratar. Deben exhibir de forma visible, en el interior o exterior de su entrada, el distintivo correspondiente a su clasificación turística y su signatura.
Se impone a los titulares de la explotación de alojamiento turístico la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente los posibles riesgos de la actividad turística, debiendo ser la cuantía mínima de cobertura de trescientos mil euros por siniestro.
Además es obligatoria la existencia de un responsable del alojamiento turístico, cuyo teléfono de contacto deberá anunciarse en el interior de cada vivienda de forma visible, «al menos en los idiomas español e inglés».
Prescripciones técnicas
El texto contiene las prescripciones que han de cumplir las viviendas de uso turístico, ya se cedan en su totalidad o por habitaciones, en materia de mantenimiento, conservación, accesibilidad, equipamiento y suministros, distribución y capacidad y superficie de cada una de sus dependencias, incluyendo el equipamiento básico de estas. A efectos de la aplicación de la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, tienen la consideración de edificios de uso residencial vivienda.
En el supuesto de viviendas de uso turístico cedidas por habitaciones, las viviendas deberán contar con cocina, cuarto de baño, salón-comedor y, al menos, un dormitorio destinado al alojamiento turístico distinto al reservado al titular, que debe tener en la vivienda su residencia efectiva. En este supuesto no se permitirán viviendas tipo estudio.
Funcionamiento y precios
La norma regula la admisión del usuario, hojas de reclamaciones, reservas, precio y servicios incluidos y facturación.
Concreta la información mínima que debe contener el documento que debe suministrarse al usuario antes de su admisión, que este deberá firmar.
El alojamiento se contará por días o jornadas, que comenzará a las 17:00 horas del día de entrada y terminará a las 12:00 horas del día de salida, salvo pacto en contrario, indiciándose los requisitos que deben cumplirse para el control de la entrada y salida de los usuarios.
Los alojamientos deberán tener a disposición de los clientes hojas de reclamaciones en los términos establecidos en el Decreto 3/2014, de 31 de enero . Su existencia se anunciará al público de forma visible que permita su fácil lectura y expresada en español, inglés y en otros dos idiomas a elegir. La Ley 12/2013, de 20 de diciembre, en su artículo 40-6, aumenta los idiomas en que debe de estar redactado el cartel anunciador de su existencia respecto de lo indicado en la normativa general de defensa de consumidores.
En materia de precios, la norma dispone que el mismo es libre, pudiéndose fijar y modificar a lo largo del año, computándose las estancias, a estos efectos, por días, semanas, o meses. En el precio deberán estar desglosados los impuestos y/o tasas, si las hubiere. En ningún caso se podrán cobrar precios superiores a los que estén anunciados.
Además el texto indica los servicios mínimos que deben incluirse en el precio por el alojamiento: suministro de agua, energía eléctrica y, en su caso, gas, conservación, mantenimiento y reparaciones, a excepción de las que excedan del uso normal y diligente; recogida de basuras desde la vía pública o recinto especialmente destinado a su depósito; limpieza antes de la entrada; uso y disfrute tanto de piscinas, jardines, parques infantiles y terrazas comunes, con los elementos que les sean propios, como de aparcamientos al aire libre, sin vigilancia, ni reserva de plazas, y los gastos de comunidad de propietarios.
Los titulares de la explotación de alojamiento están obligados a expedir facturas, o documentos sustitutivos, en la forma legalmente establecida, debiendo reflejar los servicios y productos que por cualquier concepto se cobre al cliente.
Pero también podrán exigir a los clientes una cantidad anticipada en concepto de señal por la reserva, para cuya anulación se estará a las condiciones que pacten libremente las partes. Dicha reserva se mantendrá, como mínimo, hasta las 12 horas del día siguiente a aquél en que el alojamiento debió ser ocupado por el usuario. Si éste no se presentase, el titular de la explotación podrá cancelar la reserva con pérdida para el cliente de la cantidad entregada en concepto de señal. Si antes del cumplimiento de dicho término el cliente confirma su llegada al alojamiento, el explotador vendrá obligado a mantener la reserva por un tiempo equivalente a los días de alojamiento cuyo precio no exceda de la cuantía de la señal.
Procedimiento de clasificación
La norma impone a los titulares de la explotación de alojamiento turístico la obligación de presentar ante el Instituto de Turismo de la Región de Murcia una declaración responsable para la clasificación turística, con carácter previo a la prestación del servicio. Esta declaración responsable lo es a los solos efectos de tener conocimiento la administración turística de la actividad de alojamiento que se va a realizar, así como servir de solicitud de su clasificación. Ello sin perjuicio del cumplimiento de otras normativas y la obtención de licencias o autorizaciones que deban emitir otros organismos en virtud de sus respectivas competencias.
El texto regula el procedimiento por el cual el organismo competente en materia de turismo comprobará la veracidad de los datos o manifestaciones consignados.
Además, los titulares de los establecimientos deberán comunicar al Instituto de Turismo cualquier cambio de titularidad, denominación, ampliación, modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en que se otorgó la clasificación turística y cualquier modificación que afecte a los datos que figuran en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
Modificaciones legislativas
A la entrada en vigor del nuevo Decreto quedará derogado el Capítulo V del Decreto 75/2005, de 24 de junio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales.
Entrada en vigor y disposiciones transitorias
El Decreto 256/2019, de 10 de octubre, entrará en vigor el 8 de noviembre de 2019, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Respecto de los alojamientos vacacionales clasificados de conformidad con el Decreto 75/2005, de 24 de junio, a la entrada en vigor del nuevo decreto pasarán a estar inscritos provisionalmente de oficio en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia, si bien se requerirá a los titulares de los alojamientos para que, en un plazo máximo de 10 días presenten el resto de los datos exigidos en la presente norma, quedando cancelado el asiento en el caso de que, en dicho plazo, no fueran facilitados. Los requerimientos pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, deberán ser realizados en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto.
Las viviendas que a la entrada en vigor de la nueva norma se encuentren ofertando la modalidad de alojamiento regulada en la misma deberán adaptarse a sus prescripciones en el plazo de 6 meses.
