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La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble. La operación, denominada ‘Iroko’, supone el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores de las empresas investigadas, a partir de la entrada y registro en 112 locales situados en las quince Comunidades Autónomas de territorio común.
El dispositivo desplegado por la Agencia afecta a locales tanto de fabricantes de muebles, como de comerciantes mayoristas y minoristas del sector situados en: Andalucía (34), Aragón (6), Asturias (3), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (20), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) y Comunidad Valenciana (16).
Las actuaciones se han iniciado a la hora de apertura de los locales por personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.
La experiencia de operaciones realizadas con anterioridad pone de manifiesto que la personación de la Administración en los locales o domicilios donde se realiza la actividad económica y donde se lleva a cabo la gestión del negocio permite una lucha más efectiva contra la economía sumergida. Al tratarse de una actuación de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones.
Investigación previa
El sector del mueble mantiene desde el año 2013 cinco años de crecimiento consecutivo ligado al alza del mercado inmobiliario. En 2017, el sector generó un volumen de negocio superior a los 4.300 millones de euros y todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación.
En este contexto, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria procedió a un análisis global del sector del mueble, efectuando cruces de información y análisis de las sociedades dedicadas tanto a la fabricación como a la comercialización al por mayor y al por menor.
El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, margen sobre aprovisionamientos, movimientos de efectivo (principalmente en cuentas bancarias bajo la titularidad de las sociedades) y pago con tarjetas, así como otros indicios de capacidad económica
observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.
Irregularidades en las existencias
Adicionalmente, las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad en el sector del mueble, tanto a nivel de fabricantes, como en relación con el comercio al por mayor y minorista, habían puesto de manifiesto ciertas distorsiones en la evolución de las ventas y las existencias que evidenciaban la realización de ventas no declaradas.
A partir de este análisis y esta experiencia previa, los investigadores de la Agencia observaron que ciertas sociedades manipulaban la contabilidad relativa a sus existencias, al objeto de declarar un nivel discreto de beneficios y disimular, de esta forma, la propia ocultación de ventas.
Paralelamente, existían indicios de que el colectivo afectado por la operación iniciada hoy podría estar utilizando ‘software’ de ocultación que permitiría manipular tanto las existencias como las ventas reales.
Todo ello ha contribuido al diseño de la operación ‘Iroko’, que ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando en el operativo de entrada y registro con la participación de más de 400 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las UAI y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, así con el apoyo de agentes policiales y 120 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia.
Hacia una mejora en el cumplimiento voluntario
Junto a la regularización del fraude fiscal que finalmente se aflore, tanto ésta como todas las actuaciones sectoriales desarrolladas en los últimos años por la Agencia Tributaria tienen un segundo objetivo consistente en trasmitir al sector correspondiente un mensaje disuasorio, tratando de favorecer un cambio en la actitud de los empresarios, de manera que reconduzcan sus actividades y mejore su posterior cumplimiento tributario en periodo voluntario de pago, en línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. De estos cambios en las actitudes de los empresarios concretos dependerá la evolución de futuros planes de control tributario, que se centrarán especialmente en los comportamientos elusivos reiterados. (Fuente: Ministerio de Hacienda)
