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La Sentencia de la Sala segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre la determinación del obligado al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , evidencia una vez más la necesidad de replantear nuestro ordenamiento tributario, con un objetivo tan básico e importante como es conseguir que de una vez por todas, los españoles podamos disfrutar de una leyes fiscales que permitan que los ciudadanos puedan actuar protegidos por un marco de seguridad jurídica. Hace ya muchos años que desde diferentes sectores sociales se viene denunciando la falta de seguridad jurídica en el ámbito fiscal. Esta realidad, perjudica de forma extraordinaria al tejido productivo y a la economía en general. El sector inmobiliario es uno de los grandes perjudicados. Ahora, no debemos confundir una sentencia con una ley. Las sentencias dan soluciones a situaciones concretas, la ley es un precepto dictado por la autoridad competente que exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Necesitamos una solución general y universal que permita pagar impuestos con seguridad, sin temor por no saber si se cumple o no con la ley al pagar un tributo, sin depender como en el medievo, de la interpretación de una persona física que nos dice si hemos cumplido o no. Necesitamos un ordenamiento claro, en el que la duda sobre su interpretación sea la extraordinaria excepción.
