Revista Inmueble | Noticias, información y actualidad sobre sector inmobiliario y derecho
En los últimos meses el Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas de particulares afectados por las normas autonómicas que regulan el alquiler vacacional. En algunas Comunidades autónomas estas normas imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en la Seguridad Social y en un censo tributario que, en la práctica, impiden a los particulares alquilar sus viviendas. Por eso, la institución pide a Hacienda que clarifique la fiscalidad del alquiler de pisos turísticos, para evitar la inseguridad jurídica y la economía sumergida.
En concreto, solicita que Hacienda clarifique la fiscalidad de los rendimientos producidos por el alquiler de inmuebles turísticos cuando los propietarios son particulares que no ejercen una actividad profesional. En opinión del Defensor del Pueblo, “de no dictarse directrices claras, esta actividad quedará únicamente en manos de empresas e intermediarios en perjuicio de los propietarios particulares.
El núcleo de la cuestión radica en que este mercado ha experimentado un cambio muy grande y muy rápido. Hasta fechas recientes, las viviendas alquiladas con fines turísticos por particulares solo encontraban inquilinos de forma local y ocasional. Con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de plataformas en Internet que actúan como intermediarias, este mercado ha crecido y se ha flexibilizado: ya no se trata solo del alquiler de temporada, sino que se puede hacer durante todo el año, y no es necesaria la cercanía para conocer que existe un piso disponible.
A la institución no le “parece lógico que la imposición de unos requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado, lo que afectaría a su derecho de propiedad, o que los rendimientos por alquiler temporal acaben obteniéndose de forma opaca y sin tributar por ellos”.
Para clarificar estas cuestiones, el Defensor del Pueblo propone que se apruebe una normativa fiscal que defina los requisitos del alquiler para uso turístico cuando se realiza por ciudadanos particulares, lo que evitaría la inseguridad jurídica actual y ayudaría a la tributación por los rendimientos realmente percibidos.
