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El 12 de julio es la fecha señalada en la que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Paolo Mengozzi, emitirá su informe sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo declaradas abusivas por el Tribunal Supremo el pasado 9 de mayo de 2013. Estas conclusiones son independientes y no vinculantes para el Tribunal europeo, si bien en el 90% de los casos la sentencia ha respaldado el informe del Abogado General.
La Sentencia definitiva en la que el TJUE decidirá si la devolución de las cantidades por las cláusulas declaradas abusivas debe calcularse desde el 9 de mayo de 2013 o desde el inicio del contrato hipotecario llegará entre dos y cuatro meses después de la presentación de estas conclusiones, a final del presente año.
En la vista oral celebrada este martes los letrados de los consumidores afectados y los de los bancos han intercambiado argumentos entorno a las consecuencias económicas que la retroactividad supondría.
La defensa de los clientes afectados ha señalado que la devolución de los importes desde el inicio del contrato no supondría riesgos para la economía española, como así señalan desde las entidades financieras y la Abogacía del Estado. Además, ha apuntado, no implicaría la devolución inmediata, si no que las entidades dispondrían de años para la devolución, conforme las sentencias fuesen declarando abusivas las cláusulas. También ha destacado que la devolución de este importe implicaría facilidades para el cumplimiento de las obligaciones de los consumidores así como que potenciaría el consumo y el ahorro.
En esta línea se ha posicionado la Comisión Europea, que ha señalado también que negar la retroactividad no sería efectivo a la hora de evitar que las entidades vuelvan a establecer clausulas abusivas en el futuro. La Comisión ya se mostró favorable el pasado 24 de octubre a la retroactividad, entendiendo que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades pagadas por el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de transparencia y/o información.
Por su parte, los letrados de las entidades afectadas han destacado el peligro que supondría para la estabilidad de la economía española así como de la eurozona y se ha remitido al informe del Banco de España, que calcula el importe a devolver si finalmente se aplicara la retroactividad entre los 5.000 y los 7.000 millones de euros. La Abogacía del Estado se ha sumado a las reivindicaciones de las entidades financieras y alega que la Sentencia del Supremo fue correcta limitando las devoluciones al momento de la declaración de la abusividad de la cláusula.
