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El pasado mes de octubre aparecía en los medios de comunicación un nuevo escándalo relacionado con la promoción y venta de viviendas, el ya conocido caso CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas). Un turbio y sangrante asunto que podría afectar a unas 1.200 familias. Sangrante, porque nos encontramos ante cientos de familias que se temen lo peor: quedarse sin sus casas y sin las cantidades que entregaron por anticipado para adquirirlas mismas. Turbio, porque las prometidas viviendas se ubicarían en unos supuestos terrenos en la zona norte de Madrid (Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo) cuyo valor se ha multiplicado por cuatro desde 1.997 y que, a día de hoy, parece que CPV no disponía de los mismos. Al hilo de este escándalo no está de más recordar la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos de compraventa según la legislación de protección a los consumidores y usuarios.
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