Revista Inmueble | Noticias, información y actualidad sobre sector inmobiliario y derecho
Cerramos, otro año, y siguiendo la línea iniciada el año 2007 la recesión en el sector inmobiliario y de la construcción, ha venido a consolidarse sin que se aviste, a corto plazo al menos, ningún indicio de solución. Sino todo lo contrario, a lo largo del año 2008 el monstruo de la crisis, se ha cebado con todos los que operan en este mercado, y ni los intentos desde la administración autonómica, vía ayudas a la promoción de viviendas con protección oficial de régimen general y vía Áreas Residenciales Estratégicas, parecen poder dar la vuelta, al menos de momento, a la situación.
Las últimas víctimas de esta espada de Damocles, que no ha dejado títere con cabeza, no son otros que los Ayuntamientos.
Los ayuntamientos de Cataluña, y del resto del estado en general, están sufriendo las consecuencias de esta crisis inmobiliaria de forma muy acusada, a veces hasta preocupante.
Lo cierto es que, la inactividad de la iniciativa privada en el sector económico estrella durante los últimos 10 años, ha provocado, que los ayuntamientos vean drásticamente reducidos sus ingresos en concepto del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) y de tasas por la tramitación y otorgamiento de licencias de obras.
Las últimas víctimas de esta crisis, no son otros que los Ayuntamientos
Se constata pues, que fuera de toda prudencia los ayuntamientos llevaban, en la mayoría de los casos, mucho tiempo viviendo por encima de sus posibilidades.
Ciertamente, los ingresos municipales por tasas de licencias de obras e ICIO, junto con el resto de tributos locales relacionados directamente con el sector inmobiliario (IBI y Plusvalía) han venido representando estos últimos años, la partida más importante con diferencia del presupuesto general de los ayuntamientos catalanes, en algunos casos viniendo a soportar cerca del 40% del gasto municipal. Situación ésta sin duda extrapolable a la mayor parte de ayuntamientos españoles.
Esto ha producido que los ayuntamientos que disfrutaban de una situación económica más desahogada, hayan ido consumiendo su remanente de tesorería y endeudándose cada vez más, y que aquéllos que ya tenían problemas, los hayan visto agravados, ante la necesidad de una financiación que ahora no pueden conseguir. Y es que cuando los ayuntamientos han visto reducida su capacidad de generar ingresos a la repercusión de impuestos y demás tributos en función de su población de derecho, todas las previsiones, que en el 2008 eran todavía optimistas, se han desplomado estrepitosamente.
Parece ser que tampoco ayudará a cambiar la situación, el Plan de medidas «anti crisis» del Gobierno del Estado dotado con 11.000 millones de euros destinados a los ayuntamientos, y que ha cristalizado en el «REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y uno Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía». Puesto que, de hecho, su finalidad intrínseca no es la de solventar los problemas de financiación de los entes locales, al menos de forma directa, sino más bien un intento de reactivar la economía evitando la pérdida de puestos de trabajo.
Pero las consecuencias, negativas de la crisis inmobiliaria, para los ayuntamientos no se quedan aquí. Pues gran parte de las políticas municipales tanto de gestión del suelo y vivienda, así como de prestación de servicios públicos, se han visto resentidas. Y es que las actuales circunstancias han provocado la falta de interés de los promotores immobiliarios, en desarrollar el planeamiento con el fin de obtener más suelo apto para la construcción. Así la actividad de gestión de Sectores de Planeamiento Urbanístico Derivado, susceptibles de desarrollo sujetos a sistemas de actuación de iniciativa privada, se ha visto significativamente reducida.
La consecuencia directa de esta situación para los ayuntamientos es muy clara, si no se promueve la gestión urbanística, no se obtiene suelo de aprovechamiento medio destinado a vivienda protegida, no crece el patrimonio público de Suelo, no aumenta el parque de vivienda protegida privada, y no se obtiene el suelo necesario para abordar las infraestructuras y equipamientos previstos, destinados a la prestación de servicios públicos. Situación ésta que indirectamente también incide negativamente en su capacidad de endeudamiento.
DAU 5, en su voluntad de ofrecer servicio a los entes locales, y con el fin de implementar soluciones a esta situación, ha trabajado en el desarrollo de herramientas que ayuden a hacer que este golpe que han sufrido las haciendas locales, sea lo más leve posible.
¿Quieres seguir leyendo?
Suscríbete a la Revista Inmueble desde
