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Grúas paradas, obras a medias y balcones con el cartel de se vende. En los últimos meses éste ha sido el panorama de las ciudades y pueblos españoles, y por extensión de las empresas inmobiliarias, que han sufrido el peor semestre de la última década. La capitalización de las empresas cotizadas ha caído en picado: 6.657 millones de euros en poco más de ocho meses, un 35%. La cifra sube a 7.552 millones si se añade Martinsa Fadesa, que este verano ha rematado la faena con el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con una deuda de 5.200 millones.
A esta situación previa le debemos añadir que se producirá en las próximas semanas- meses una depreciación de sus activos.
La mayoría de las empresas inmobiliarias y de la construcción han presentado sus resultados del primer semestre, y excepto Martinsa Fadesa, seis de las grandes inmobiliarias han declarado pérdidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los resultados más llamativos han sido los de Colonial, cuya depreciación de activos la ha arrastrado hasta unos números rojos de 2.381 millones. Reyal Urbis tampoco parece levantar cabeza. Desde la fusión entre ambas sociedades, la empresa sólo ha registrado pérdidas. A pesar de la ayuda de 312 millones de Banesto, la firma que preside Rafael Santamaría acabó el semestre con unas pérdidas de 331,7 millones. Afirma, Renta Corporación, Aisa e Inbesòs también cerraron en negativo.
Salvo Testa, la filial patrimonialista de Sacyr-Vallehermoso, ninguna empresa mejora resultados. Sólo Metrovacesa mantiene un beneficio por encima de los 100 millones de euros.
Hasta ahora sólo Afirma y Aisa habían realizado provisiones por el deterioro de su patrimonio inmobiliario. A ellas se han sumado Colonial y Reyal Urbis, con lo que las provisiones superan ya los 3.200 millones de euros. Y ello a falta de que algunas empresas, como Parquesol, Realia o Martinsa Fadesa, actualicen el valor de sus existencias.
El deterioro de los activos es preocupante por tres motivos. Primero, las operaciones corporativas (de compra o fusión) se realizaron sobre precios de suelo e inmuebles que ahora se han desinflado. Segundo, estos activos se hipotecaron para respaldar el crédito, y en plena renegociación la banca exige más garantías. Y tercero, forman parte de planes de desinversión que deben ser continuamente revisados porque el mercado paga menos de lo previsto por ellos.
Es el momento para realizar una política conservadora. Las grandes empresas tienen que reducir su volumen, rebajar costes, recuperar las economías de escala y reajustar las plantillas.
Tras las vacaciones parece que el mercado debería haberse recompuesto pero no ha sido así, el mercado no da ningún síntoma de mejoría. Lo demuestran las compraventas de viviendas, que en el primer semestre cayeron un 27,5% en el conjunto de España, según el Instituto Nacional de Estadística.
La actividad patrimonialista podrá salvar en parte a firmas con edificios en alquiler. Pero para reducir la deuda sin tener ingresos las empresas se enfrentan a duros planes de desinversión, de los cuales no se salva casi nadie. Las inmobiliarias admiten en sus resultados la crisis que atraviesan, y algunas, culpan de ello a la falta de financiación para los compradores.
Una buena refinanciación y un posterior plan de desinversiones es ahora el escenario en el que se tiene que mover las grandes empresas.
Entre las inmobiliarias a las que esperan arduas negociaciones destacan Colonial que ya ha conseguido refinanciar la deuda), Metrovacesa, Reyal Urbis, Renta Corporación, Realia y Afirma, que tienen que financiar más de 10.000 millones de euros. Todos estos vencimientos hacen prever un otoño de duras negociaciones entre la banca y el sector inmobiliario.
Pero no sólo las empresas y los bancos y cajas se encuentran en una situación inquietante, las administraciones también han padecido la ralentización de las ventas por medio de impuestos. El conjunto de comunidades de régimen común (todas menos Navarra y Euskadi) experimentaron hasta el pasado 30 de junio un desplome de su recaudación por tributos cedidos del 34,9%, hasta los 7.355 millones de euros (los gravámenes de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), sucesiones y donaciones, tasas de juego y patrimonio)
Y para complicarlo más si cabe la situación financiera internacional no ayuda a ser medianamente optimista. Así que esperemos que pronto veamos el fondo del pozo
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