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El sistema urbanístico español contempla 3 sistemas para la gestión del desarrollo urbanístico de los municipios: cooperación, compensación y expropiación. Este último es, el que todos conocemos, por ser el más desfavorable a los intereses de los propietarios, tratándose de un negocio jurídico de derecho público, que deriva del ejercicio de una potestad administrativa legalmente reconocida. Ejercicio al que debe de acompañar forzosamente el reconocimiento material y expreso de determinadas garantías para el sujeto pasivo de dicha potestad.
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