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Tener una disputa entre vecinos es más frecuente de lo que pudiera parecer en un principio. Independientemente de que se viva en un chalet adosado, en un bajo con jardín o en el tradicional piso, los conflictos surgen, crecen, se desarrollan y, con suerte, desaparecen con el paso del tiempo.
No conocer nuestros derechos y deberes como vecino, no dialogar y carecer de asesoramiento legal especializado son las causas principales de los conflictos vecinales.
• Dos de cada tres españoles, son víctimas de disputas con vecinos. Murcianos, madrileños y valencianos los que más desacuerdos sufren frente a navarros, gallegos y asturianos, que los sufren en menor medida
• Gastos imprevistos, pérdidas de tiempo, problemas legales, discusiones continuas y problemas de salud entre las principales consecuencias
• Según el tipo de vivienda, los que viven en un piso soportan más problemas que los que lo hacen en un bajo, un chalet independiente o un adosado
Tener una disputa entre vecinos es más frecuente de lo que pudiera parecer en un principio. Independientemente de que se viva en un chalet adosado, en un bajo con jardín o en el tradicional piso, los conflictos surgen, crecen, se desarrollan y, con suerte, desaparecen con el paso del tiempo. Lo cierto es que dos tercios de los españoles se han visto involucrados en una disputa vecinal en alguna ocasión a lo largo de su vida. Exceso de ruido, incluso por música, impagos de las cuotas comunitarias, realización de obras y reformas, la existencia de animales, la suciedad en zonas comunes o los malos olores son, hoy por hoy, las principales causas de conflicto en nuestro país. Aunque la casuística es casi inacabable.
En la actual coyuntura económica marcada por la crisis y las tensiones laborales, las desavenencias se han multiplicado hasta el punto de que más de la mitad de las personas que se enfrentan a un roce vecinal lo ha sufrido en el transcurso de los últimos seis meses. En este sentido, el 48% de los ciudadanos de Cataluña y Canarias admiten haber tenido que afrontar un conflicto recientemente, mientras que los jóvenes de entre 18 y 35 años aseguran enfrentarse a estos problemas asiduamente (73%) e incluso estar dispuestos a cambiar de domicilio para atajar el conflicto, al contrario que el 45% de los mayores de 65 años que, por suerte, nunca se ha enfrentado a esta situación. En general, suelen afrontar más disputas quienes viven en un piso (72%), que quienes residen en un bajo (65%), chalet independiente o adosado (63%). Por si fuera poco, la creciente tendencia a no conocer y mucho menos a dialogar con el vecino supone que cualquier conflicto menor se enquista hasta convertirse en un problema de dimensiones inconmensurables.
Estas desavenencias afectan en diferente medida a los habitantes de las distintas comunidades autónomas del país. Son los ciudadanos murcianos, seguidos de los madrileños y valencianos los que, en mayor medida (casi un 70%), se ven afectados por el stress derivado de una situación incómoda con personas con las que han de convivir en el seno de una comunidad, existiendo incluso casos en los que los afectados se han visto obligados a plantearse un cambio de domicilio con el objetivo de poner tierra de por medio y alejarse del conflicto.
La otra cara de la moneda, la representan los ciudadanos navarros, gallegos y asturianos que
afrontan una cantidad inferior de enfrentamientos vecinales, poniendo en práctica una serie de recetas que les permiten no gastar apenas tiempo, dinero y desgaste personal en enfrentarse al prójimo.
Conocer nuestros derechos y deberes
En la mayor parte de los casos, y según se desprende de la investigación que hemos llevado a cabo para analizar las causas y consecuencias de los conflictos vecinales en España, todo conflicto se encona por una serie de razones muy concretas, que se resumen en dos: no conocer nuestros derechos y deberes como vecino, y no dialogar. A ambos supuestos se le puede añadir un tercero que, siendo un complemento necesario, resulta cada vez más vital para disfrutar de una vida tranquila en comunidad: la carencia de asesoramiento legal especializado (del que solo dispone el 7%), muchas veces promovido por no saber a quién o a dónde recurrir. Costes económicos y falta de tiempo para resolver adecuadamente la disputa son, igualmente, otras causas que los afectados arguyen como impedimentos para resolver sus controversias comunitarias.
Pero una vez involucrados en la disputa, lo ideal es resolverla a la mayor brevedad de cara a poder continuar normalmente con nuestra vida, porque la realidad es que cuanto más se alarga una disputa, más nefastas son las consecuencias. No obstante, no todas las personas intentan dar carpetazo cuanto antes a sus conflictos y los dejan enquistarse por diversas causas.
De hecho, en España solo una de cada 10 personas ha emprendido acciones legales y el 8% está a punto de hacerlo. Baleares (20%), gallegos (18%) y aragoneses (18%) son los que más acuden a los tribunales mientras que madrileños (4%) y valencianos (7%), los que menos. El 50% de quienes se han enfrentado a esta situación han pagado 100 euros, una cantidad que asciende a la franja de 300-500 euros para el 30% de los consultados y a más de 500 euros para el 16%, siendo en Cantabria y Navarra donde el coste de resolución se dispara más.
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