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Por Joan Ràfols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona
En los últimos meses en Barcelona se está germinando lo que podríamos denominar como una “tormenta inmobiliaria” referida a los pisos de alquiler. El elevado porcentaje de viviendas asequibles, la creciente demanda y los pisos que se ofrecen para el turismo de forma ilegal han producido un notable aumento de los precios. Así, Barcelona ha propuesto al Gobierno una legislación que controle los excesos o que otorgue facultades a la Generalidad para equilibrar los precios. ¿Qué consecuencias tendría esta limitación? ¿Sería beneficiosa?
- El control como instrumento político
- El caso de España
- El informe de la Comisión Europea
- Conclusiones
El control como instrumento político
El control de los alquileres como medida política económica ha sido utilizado en muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, no sólo con objetivos propios de la política de vivienda, sino sobre todo para la consecución de objetivos más generales como la mejor distribución de la renta, la estabilidad de los precios y la mejora del consumo privado de otros bienes. A pesar de que la instrumentalización concreta de los sistemas de control de los alquileres ha variado de un país a otro, sus efectos han sido similares: reducción de la oferta de vivienda para alquilar, ausencia de alquileres de conservación y mejora, ineficiencia en la distribución de la renta y reducción de la movilidad de las familias en el mercado residencial y de trabajo.
El control de los alquileres como medida de política de vivienda es desaconsejable no por su objetivo, sino por sus consecuencias. Sus efectos negativos llevaron a la mayoría de países, en los años sesenta, a eliminar gradualmente los controles sobre los alquileres y a dejar funcionar los mercados, a la vez que se establecían tanto medidas de subsidiación para la familias los ingresos de las cuales no les permitía pagar una renta de mercado como incentivos para la construcción de vivienda nueva de alquiler moderado, público y privado. Estas alternativas a la intervención pública se han demostrado eficaces para atender las necesidades de alojamiento de las familias con ingresos bajos y/o en situaciones de precariedad.
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