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La aprobación y entrada en vigor de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en lo sucesivo, la LOE), fruto de años de intenso debate y de la búsqueda del complejo consenso con los distintos operadores del sector (incluidas las compañías de seguros), tuvo lugar en contemplación del interés público expresado en la Directiva 38/384 de la CEE y los principios recogidos en los arts. 45 a 47 de la Constitución Española y sus normas de desarrollo, intentando fomentar la calidad de la construcción, dotar de una mayor seguridad jurídica al sector y, obviamente, proteger a los consumidores finales, viniendo a sustituir, en buena medida, que no de forma absoluta, la vieja regulación contenida en el Código Civil y otras normas dispersas, concentrando y completando en un solo texto legal, la para muchos obsoleta y precaria regulación existente sobre la actividad de la edificación, cuya trascendencia en todos los órdenes era y es evidente.
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