Las empresas del sector inmobiliario están siendo noticia en las últimas semanas por varios motivos negativos. Uno de ellos es la declaración de concurso de acreedores conocida con anterioridad como suspensión de pagos.
El concurso de acreedores es un procedimiento inicialmente ideado para paliar los posibles efectos nocivos de la insolvencia, tanto de un empresario, como de un particular. Se trata, fundamentalmente, de organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible.
En este procedimiento se protege más a los débiles, y se posterga a aquellos que han tenido influencia en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, por ejemplo, administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado.
A diferencia del sistema anterior, la regulación concursal y los procedimientos que ella regula tienen como único objetivo la conservación del patrimonio. Destaca el afán del legislador por evitar a toda costa, la desaparición de los negocios y sus nefastas consecuencias. Por ello, y a pesar de que en algunos casos algunos acreedores deban quedarse sin cobrar todo o parte de sus deudas, o tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas, lo más importante es que la actividad económica no desaparezca.
Pero esta situación ideal que plantea la ley concursal no es cierta en su totalidad.
No podemos olvidar que en el momento en el que se conoce que una empresa ha entrado en concurso de acreedores (ya sea voluntario o no) es casi, casi imposible que se salga indemne de la situación.
El concurso se plantea como una salida ante las deudas del empresario para no cerrar el negocio, pero desde el primer minuto que se rumorea que una empresa, grande o pequeña, está en esta situación todo cambia: los proveedores cambian la condiciones de pago,( o desaparecen en el peor de los casos), los clientes se impacientan y dejan de comprarnos, la administración se hace más lenta ( sobre todo a la hora de tomar decisiones), vamos, la empresa entra en –barrena– y es muy difícil, por no decir casi imposible, salir de esta situación.
A todos estos elementos debemos añadir la lentitud de los tribunales a la hora de tramitar este tipo de expedientes, por lo que, sumados todos estos factores, y alguno más que me dejo en el tintero, cuando se plantea una situación de este tipo, aunque tratemos de buscar una solución ante la falta de liquidez y contablemente la empresa sea viable, la práctica puede decirnos que la solución para esa empresa, no por su situación real, sino por la percepción que de ésta tienen los demás esÉ
Por lo que una situación que se plantea como reversible en la práctica en pocas ocasiones lo es. Esperemos que esto cambie.
Descenso de Beneficios
Son momentos de rendir cuentas, de recoger beneficios. Las principales inmobiliarias cotizadas (Realia, Metrovacesa, Vallehermoso, Acciona Inmobiliaria, Martinsa-Fadesa, Reyal Urbis y Parquesol) vendieron viviendas por un importe conjunto de casi 300 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 73,53% respecto al mismo periodo de 2007.
El actual momento del sector inmobiliario, caracterizado por una restricción de la financiación y un estancamiento de la demanda, es la causa principal del descenso en las ventas de pisos de las principales firmas del sector.
Por empresas, Reyal Urbis es la que mayor descenso de ventas de viviendas se anotó en el arranque del año, con una caída del 97%, desde las comercializaciones por 243,6 millones de euros de un año antes hasta las de 7 millones de los tres primeros meses de 2008.
Después se situaron Acciona, con una caída del 86,8%, hasta 16 millones de euros; Parquesol (-79,2%, hasta 15,42 millones), Vallehermoso (-71,8%, hasta 114 millones), y Metrovacesa (-58%, hasta 31,2 millones).
Por su parte, Realia, prevendió pisos por 20,4 millones, un 47,3% menos, y Martinsa-Fadesa, comprometió ventas por 95,2 millones, un 45% menos.
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