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EN BREVE:
La adversidad económica generada por la pandemia de COVID19 ha llevado a muchos arrendatarios de viviendas y de locales de negocio a situaciones de extrema dificultad para cumplir sus obligaciones contractuales. En el caso de los locales de negocio, esta situación se ha agravado por las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad y cierres parciales adoptadas por las Administraciones.
En este contexto está incrementando la litigiosidad por ambas partes. Los arrendadores buscan proteger sus ingresos exigiendo el desahucio para liberar el local/vivienda arrendados o recuperar las rentas impagadas. A su vez, los inquilinos tratan de defender su posición aplicando la cláusula rebus sic stantibus y buscando un reequilibrio de las prestaciones. De momento, las resoluciones judiciales, en su mayoría por el momento en forma de autos, están produciendo resultados diversos y en todo caso, no definitivos. Convendría aplicar criterios homogéneos y unificados en una materia que puede tener un gran impacto económico en muchos sectores.
SUMARIO:
- ¿Qué medidas se han adoptado en materia de arrendamientos relacionadas con el pago de la renta?
- ¿Cuál es el cauce judicial para obtener el desahucio y pago de la renta adeudada?
- ¿Cuál es el panorama judicial actual?
- Conclusiones: ¿Qué esperamos en el corto/medio plazo? Posibles iniciativas legislativas y posibles resultados procesales
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