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La idea del Ayuntamiento de Barcelona es construir 2.365 viviendas dedicadas al alquiler social a lo largo de la legislatura. Sin embargo, este ambicioso plan ideado por Ada Colau se está encontrando con una traba complicada de salvar: la financiación.
El proyecto costaría unos 500 millones de euros y para minimizar el impacto en las cuentas públicas Colau ha pedido apoyo a promotores privados, que ven con buenos ojos la operación pero que no disponen del músculo financiero ni del crédito suficiente para afrontarla.
De no contar con esta entente público-privada, el coste del plan lo debería asumir íntegramente el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, algo que desde el Ayuntamiento se quiere evitar a toda costa. Aunque el municipio ofrece solares para la promoción de las viviendas, las condiciones que impone la banca –entre las que destaca que la parcela no forme parte de las garantías y que el crédito sólo cubra el 50% de la construcción– complican la viabilidad del proyecto.
La alternativa que se baraja es que la financiación la aporte el Banco Europeo de Inversiones, BEI, avalada por el Ayuntamiento de Barcelona, que hoy en día es el ente municipal más saneado de España.
Sobre el apoyo de los privados, el plan propone literalmente “diversificar la producción de vivienda asequible y consolidar a medio plazo un componente estructural a medio camino entre el mercado y el Estado”.
Por ello, plantean desde el Ayuntamiento de Barcelona una “colaboración con promotores sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado” dotando a la inversión privada profesional de “garantías públicas”.
Sobre la titularidad de las viviendas acabadas, el plan Colau se refiere a “nuevas formas de tenencia y sistemas para la colaboración de las entidades financieras”, que se traducirían, por ejemplo, en una Mesa de Vivienda Cooperativa.
Colau quiere que haya un parque de vivienda de alquiler social en un entorno en donde hasta los alquileres están subiendo en la capital catalana. Barcelona sólo cuenta con 1,5% de viviendas de alquiler en su término municipal.
El problema básico del plan no es su coste, ya que el Ayuntamiento de Barcelona podría hacerse cargo del proyecto. El problema es que la tramitación urbanística es lenta, incluso con el apoyo de la autoridad municipal, y la emergencia y la demanda social son muy altas.
No todas las viviendas del plan Colau tienen el mismo calendario. Hay un total de 819 viviendas repartidas por una veintena de promociones las cuales ya están en marcha y se prevé que se entreguen entre este año y 2017, es decir, que entrarán en el mercado de alquiler durante este mandato de Colau.
Del resto, sólo 518 pisos se encuentran en fase de trámite de licencia o redacción de proyecto. Y estos ya carecen de fecha de entrega. El resto del plan, más de mil viviendas, se ha de ejecutar en diez solares escogidos para ello, y resultará más complicado que lo que ya se está levantando y por lo tanto su fecha de finalización es incierta. La promoción de vivienda será uno de los proyectos estrella de Barcelona en Comú.
(Fuente: Idealista)
