Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística” y subrayan que la orden de demolición “se erige en la única medida posible a disposición de la Administración para eliminar la parcelación ilegal”.

El TSXG recalca en el fallo que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso turístico, pues resulta “clara” la existencia de los apartamentos “como fincas independientes y de propietarios individuales, en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”. Por ello, los magistrados señalan que “la única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición”.

Los jueces consideran acreditado en la sentencia que los compradores de las viviendas eran “conocedores de sus obligaciones de restitución de la legalidad”, pues fueron anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. En 2007 la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden.

En 2010 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urbanística, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un único establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición, ya ordenada en el año 2010, obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler”, destaca el tribunal.

Contra el fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del TSXG.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha celebrado esta tarde una Mesa de Trabajo bajo el epígrafe Retos de la Jurisdicción especializada en Familia con el objetivo de crear una espacio de participación de todas las instituciones de la Región implicadas en el Derecho de Familia, para la identificación de actuaciones a acometer, dentro de las competencia atribuidas.

Esta es la tercera Mesa de Trabajo temática organizada por el TSJMU en el marco de la Agenda Estratégica 2015/2020. La primera, celebrada en 2015 se centró en la integración regional de la atención a público y profesionales por parte de los tribunales; y un año después, en 2016, tuvo lugar la Mesa de Trabajo sobre la Jurisdicción Social. Todas ellas, dentro del primer y segundo eje de la programación, que engloba actuaciones que buscan una justicia abierta y transparente; y orientada a los profesionales y usuarios.

La Jurisdicción especializada de Familia en los partidos judiciales de Murcia y Cartagena, en los que existen juzgados especializados en dicha materia, ha venido sufriendo una importante descompesación entre el número de asuntos ingresados y el número de órganos en funcionamiento para resolverlos. La Sala de Gobierno del TSJ Murcia, ante módulos de entrada que superan en 191% lo considerado adecuado en Cartagena, y en 228% en los juzgados especializados de Murcia, ha ido adoptando medidas tendentes a la concentración de recursos para atender esta jurisdicción tan sensible, por ocuparse del derecho de Familia. En la actualidad los tres juzgados cuentan con un segundo juez de refuerzo, con lo que existen 6 magistrados especializados.

Esta situación de refuerzo permanente, además de la prevista creación de dos nuevos órganos especializados en materia de familia constituyen, según ha destacado el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, una oportunidad para realizar un diagnóstico conjunto de las carencias o disfunciones y contribuir a la puesta en marcha de espacios de mejora y la identificación de soluciones a los problemas detectados.

Para ello, en la Ciudad de la Justicia se han dado cita representantes de todos los cuerpos de la Administración de Justicia, incluida la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de los colegios de Abogados y Procuradores de Murcia y Cartagena.

Tras un análisis de la estadística, productividad y tiempos de respuesta, en la que el presidente del TSJ ha destacado el esfuerzo de estos órganos por dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de la Región, “llegando a módulos de resolución que duplican y casi triplican, en ocasiones, lo que razonablemente se podría esperar”.

En el tercer trimestre de 2017, los dos juzgados de Murcia y el de Cartagena resolvieron 259%, 281% y 229% por encima de módulo, situando a la Región en una media de resolución de 257%.

Luego los distintos representantes han abordado cuestiones relativas a la gestión de las vistas o los criterios de la agenda de señalamientos, así como los recursos para realizar los informes psicosociales o la derivación a mediación.

(Fuente: Consejo General del Poder Judicial)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Primera- del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia contra el decreto de la Xunta por el que se regula el uso de viviendas y apartamentos turísticos.

Los magistrados del alto tribunal gallego entienden ajustados a derechos cada uno de los artículos de la regulación autonómica sobre los que la Asociación centra su impugnación.

De esta manera, entiende la Sala que el decreto no «vulnera el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de los servicios de alojamiento», como la recurrente había denunciado.

(Fuente: Consejo General del Poder Judicial)