Las noticias más recientes publicadas por el Consejo de Abogacía Catalana, organismo que representa a los Colegios de Abogados de Cataluña, ha expresado su preocupación por el aumento de las demandas.

El Consejo apunta que la tasa de pendencia (esto es el porcentaje de asuntos pendientes de sentencia) era de 81,6% frente al 18,4% de índice de resolución. Esto equivale a que cada diez demandantes, sólo dos han recibido una sentencia de esta reclamación.

Desde la sentencia de 2017 del TJUE por el que se dejaba sin efecto la cláusula suelo en las hipotecas por considerarse abusiva, se han interpuesto miles de demandas ante los Juzgados. En el caso de Cataluña, actualmente hay cuatro juzgados especializados por el tema, uno por cada provincia (nº50 de Barcelona, nº 8 de Tarragona, nº6 de Lleida y nº3 de Girona). Según los datos recogidos, entre enero y octubre de 2018 se presentaron 18.457 demandas, que junto a los datos de junio y diciembre de 2017 suman un total de más de 36 mil demandas.

Anteriormente, ya se había recurrido ante el Tribunal Supremo el acuerdo de centralización de un único juzgado por provincia estos asuntos y se había impugnado las prórrogas del Plan de incremento de jueces especializados en dichos juzgados.

Ahora, el Consell solicitará formalmente al Consejo General del Poder Judicial que se «que deje sin efecto su Plan sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas» y al Ministerio de Justicia que «informe negativamente ante una eventual prórroga de este Plan, teniendo en cuenta su ineficacia y los graves perjuicios que está provocando a los afectados». Consideran que la medida ha sido ineficaz y que al haber tan pocos juzgados especializados,  muchas personas tienen que acudir a las capitales de provincia para resolver esta reclamación.

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El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc), ya ha notificado cuarenta y una sentencias.

Concretamente el Juzgado, que hasta el pasado viernes 7 de septiembre ha recibido 1028 demandas, ha comunicado cuarenta resoluciones favorables a los intereses de los demandantes, la mayoría con imposición de costas, y sólo en una se le ha dado la razón a la entidad bancaria.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular como para la juez de adscripción territorial que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. Desde del 1 de septiembre ambos celebren un mínimo de 45 audiencias a la semana y ya han señalado vistas hasta el 5 octubre, con previsión de que se sigan completando fechas.

Teniendo en cuenta que el Juzgado ha recibido en estos dos meses el quíntuple de los procedimientos ordinarios de cualquier temática que antes recibía en todo un año, hay que destacar la rapidez con la que está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

(Fuente: Consejo General del Poder Judicial)

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