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Demanda de recurso contencioso-administrativo contra resolución de un ayuntamiento que pretende sancionar por la ubicación ilegal de un aparato de aire acondicionado

Demanda de recurso contencioso-administrativo contra resolución de un ayuntamiento que pretende sancionar por la ubicación ilegal de un aparato de aire acondicionado

Sumario

1.El caso
a. Supuesto de hecho
b. Objetivo. Cuestión planteada
c. La estrategia del Abogado
2. El procedimiento judicial
a. Partes
b. Peticiones realizadas
c. Argumentos
d. Documental aportada
e. Prueba
f. Resolución judicial
3. Jurisprudencia relacionada con el caso
4. Documentos jurídicos
5. Biblioteca
6. Formulario: Recurso Contencioso
Administrativo contra decreto que
desestima alegaciones formuladas en
expediente sancionador

EL CASO

Supuesto de hecho

Madrid, 09-11-2011

En la fecha indicada, una vecina informaba al Ayuntamiento de la existencia de un aparato de aire acondicionado, situado en la vivienda de Doña Eva, parte actora, incorrectamente instalado en relación con el plan de construcción establecido para el edificio. El 18 de mayo de 2012 el Ayuntamiento emitía un DECRETO en el que informaban a Doña Eva que debía reubicar el aparato conforme a las ordenanzas de construcción el plazo de dos meses.

Desde entonces se produjo un intercambio de escritos de alegaciones y órdenes administrativas entre Doña Eva y el Ayuntamiento. Doña Eva explicaba que ella no era la propietaria de la vivienda y que no tenía permiso para realizar ningún tipo de ejecución de obras y, por otro lado, que la ubicación del aire acondicionado se debía a que la localización reservada al mismo en el plan de construcción evitaba el correcto funcionamiento de dicho aparato. Aun así, el ayuntamiento declaró responsable varias veces a Doña Eva y advirtió con sancionarla si no llevaba a cabo los requerimientos que se le presentaban.

Finalmente, el 5 de febrero de 2018, más de cuatro años después del último requerimiento realizado por el Ayuntamiento, este mismo promulga un DECRETO en el cual exige la ejecución de una deuda de 1200 euros por sanción administrativa contra Doña Eva. Aquí, Doña Eva decide recurrir dicha decisión administrativa en el orden judicial.

Objetivo. Cuestión planteada

Desestimación de todo lo exigido por el Ayuntamiento y la declaración de la parte actora como no responsable de infracción contra el plan de construcción.

La estrategia. Solución propuesta

Demostrar que los requerimientos realizados por el Ayuntamiento son contrarios a derecho en relación con la normativa reguladora del sector pública y que, además, su cliente no tiene poder ni potestad para llevar a cabo las obras que desde el principio se solicitaban.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Orden Jurisdiccional: Contencioso – Administrativo

Juzgado de inicio del procedimiento:

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid

Tipo de procedimiento: Procedimiento abreviado

Fecha de inicio del procedimiento:

05-04-2018 Partes

Parte demandante:

– Doña Eva

Parte demandada: – Ayuntamiento de Alcobendas

Peticiones realizadas

Parte Recurrente

  • Que teniendo por presentado ESCRITO, con sus copias y documentos, se valga para admitirlo y que, tras los trámites pertinentes, se falle desestimando todas las pretensiones de la parte demandada, cancelando la ejecución de la deuda por haber transcurrido el plazo de prescripción y por no haber cometido la demandante ningún acto merecedor de sanción administrativa.

Parte Recurrida

  • Imposición de Doña Eva de sanción de 1200 euros como responsable, en concepto de promotora, de la infracción urbanística consistente en ejecución de obras de implantación de un equipo de climatización en ubicación diferente a la autorizada en el proyecto original de construcción sin la autorización municipal pertinente

Argumentos

La parte recurrente en su hoja de RECURSO fundamenta sus peticiones en los siguientes argumentos:

  • Prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda al haber pasado los cuatro años fijados en la ley.
  • Falta de responsabilidad de la mandante sobre la ubicación del aparato y aire acondicionado y falta de potestad para reubicarlo al ser solo un inquilina y tener prohibido por el propietario la realización de cualquier ejecución de obra.
  • Existencia de una SENTENCIA judicial, conocida por la administración demandada, en la que se certifica que los planes de construcción originales impiden la localización de un aparato de aire acondicionado en una ubicación que permita el buen funcionamiento del mismo.
  • La parte recurrida en sus decretos administrativos fundamentan su pretensión en los siguientes argumentos:
  • Condición de promotora de Doña Eva que permite otorgarle condición de responsable.
  • Ubicación de aparato de aire acondicionado que vulnera totalmente el proyecto de construcción para el edificio e infringe, con ello, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid.

Documental aportada

La parte recurrente, en su escrito, aportó los siguientes documentos:

  • Decreto de 18 de mayo de 2012 por el que se exige la reubicación de aparato de aire acondicionado.
  • Escrito de alegaciones de 2 de julio de 2012 en el cual Doña Eva explica como no es responsable ni está autorizada a realizar obras en la vivienda.
  • Decreto de 19 de febrero de 2013 en el cual el Ayuntamiento impone a Doña Eva la sanción de 1200 euros en caso de no llevar a cabo los requerimientos.
  • Decreto de 2 de febrero de 2018 en el que se exige la ejecución de la deuda administrativa.
  • Sentencia en la que la Audiencia Provincial de Madrid establece que el plan de construcción tiene errores en cuanto a la colocación de los aparatos de aire acondicionado. Prueba

La parte recurrente, en su escrito, aportó los siguientes documentos:

  • Decreto de 18 de mayo de 2012 por el que se exige la reubicación de aparato de aire acondicionado.
  • Escrito de alegaciones de 2 de julio de 2012 en el cual Doña Eva explica como no es responsable ni está autorizada a realizar obras en la vivienda.
  • Decreto de 19 de febrero de 2013 en el cual el Ayuntamiento impone a Doña Eva la sanción de 1200 euros en caso de no llevar a cabo los requerimientos.
  • Decreto de 2 de febrero de 2018 en el que se exige la ejecución de la deuda administrativa.
  • Sentencia en la que la Audiencia Provincial de Madrid establece que el plan de construcción tiene errores en cuanto a la colocación de los aparatos de aire acondicionado.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 19-092018

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid falla, estimando el RECURSO de Doña Eva y anulando con ello el DECRETO de 19 de diciembre de 2013.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

El juez, en primer lugar, analiza la supuesta prescripción alegada por la parte actora ya que de darse esta no tendría sentido ni podría pasarse a analizar el fondo del asunto, es decir, determinar si es procedente o no imponer la sanción solicitada por el órgano público.

El DECRETO que impone dicha sanción ponía fin a la vía administrativa, por tanto, su contenido era ejecutable desde el momento que el DECRETO adquiriese firmeza. Por tanto, al reclamarse el pago de la sanción de manera posterior al plazo de cuatro años fijado por la ley el juez concluye que la parte actora lleva razón en su RECURSO por lo que estima este, rechazando las pretensiones del Ayuntamiento y condenando al mismo en costas.

JURISPRUDENCIA

  • Tribunal Supremo, núm. 0/0, de 06-052011. Jurisprudencia. Marginal: 2270792
  • Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,núm. 812/2007, de 22-10-2007. CasosReales. Jurisprudencia. Marginal: 164391
  • Audiencia Nacional, núm. 0/0, de 17-112005. Jurisprudencia. Marginal: 260675

Documentos disponibles en www.globaleconomistjurist.com Nº de Caso 10149

DOCUMENTOS JURÍDICOS

Documentos jurídicos de este caso

  1. DEMANDA
  2. DECRETO
  3. DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
  4. ESCRITO
  5. AUTO
  6. RECURSO
  7. DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
  8. ESCRITO
  9. SENTENCIA

FORMULARIOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON ESTE CASO

– Demanda de recurso contencioso-administrativo en procedimiento abreviado

Documentos disponibles en www.globaleconomistjurist.com

Nº de Caso 10149

BIBLIOTECA

Disponible en www.globaleconomistjurist.com Nº de Caso: 10149 Libros

  • Ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Concordada con cuadros sinópticos resúmenes instituciones procesales
  • Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa
  • La confusión del urbanismo Artículos jurídicos
  • La prueba en el procedimiento contencioso-administrativo (mayo 2018)
  • Efectividad de las sentencias en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

(septiembre 2011)

  • La cuantía en el procedimiento contencioso administrativo (febrero 2011)

CASOS RELACIONADOS

  • Recurso contencioso-administrativo contra expediente sancionador en vía administrativa
  • Demanda contencioso-Administrativa contra Ayuntamiento por prescripción de plazo.
  • Demanda frente a resolución administrativa. Recurso contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid

 

MODELO DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECRETO QUE DESESTIMA ALEGACIONES FORMULADAS EN EXPEDIENTE SANCIONADOR

 

En Madrid, a ….. de ……. de 2019.

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE …………

 

……………………….Procuradora de los Tribunales y de …………………………………………………….., según se acredita con la copia de poder que como documento núm. 1 se adjunta a este escrito, con el ruego de su devolución, previo testimonio en autos, por serme necesario para otros usos, con la asistencia del Letrado ………….ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que en la representación que ostento formulo demanda de recurso contencioso administrativo, a tramitar por el procedimiento abreviado, contra el Decreto de 5 de febrero de 2018, notificado el siguiente día 7 del mismo mes y año, por el que se desestiman las alegaciones formuladas contra el Decreto de fecha 19 de diciembre de 2013, dictado en el expediente sancionador número …………, tramitado por el Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se impone una sanción de 1.200,00 euros, en base a los siguientes,

HECHOS

Primero.- Que como consecuencia de una denuncia formulada por una vecina, el 9 de noviembre de 2011 los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Alcobendas informaron al consistorio sobre la instalación de un equipo de climatización en la vivienda sita en la calle …………………. donde residía nuestra mandante como inquilina.

Según los Técnicos, la ubicación del meritado equipo sería diferente a la prevista en el proyecto original de construcción de la edificación, además de que carecería de la necesaria licencia municipal, motivo por el cual se requirió a ………….., para que procediera en el plazo de dos meses a reubicar el aparato en el lugar previsto en el proyecto de construcción, que no era otro, parece ser, que el interior de la cocina (Decreto nº 11894 de 23 de diciembre de 2011).

Segundo.- En fecha de 18 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Alcobendas dictó Decreto de nº 4691(documento nº 2), a través del cual requería nuevamente a …………, en su condición de inquilina de la vivienda y promotora, decían, de la instalación, para que en el plazo de dos meses procediera a la ubicación del equipo de climatización al lugar que era el inicialmente previsto en el interior de la terraza de la cocina del inmueble, acreditando mediante certificado de Técnico competente que no se había sido perforado el conducto de ventilación del garaje con la instalación realizada.

Asimismo, se advertía a la ahora demandante de que si no procedía a cumplir el requerimiento, se adoptarían las correspondientes medidas sancionadoras.

Ante este nuevo Decreto, nuestra mandante presentó escrito de alegaciones en fecha 2 de julio de 2012 (documento nº 3), poniendo de manifiesto que no tenía potestad para realizar cambios en la instalación del aparato de aire acondicionado, ya que no era propietaria de la vivienda, a pesar de lo cual informaba que estaba intentando localizar al propietario, así como haciendo gestiones con la Comunidad de Propietarios para aclarar una situación que le resultaba ajena.

Tercero.- El siguiente 18 de septiembre de 2013 se dictó Decreto nº 8142 (documento nº 4), incoando Expediente Sancionador nº ……………, considerando responsable a ……. en concepto de promotora de la instalación, de una supuesta infracción urbanística, consistente en la ejecución de la actuación descrita anteriormente careciendo de licencia municipal, concediendo a nuestra mandante un plazo de quince días para formular alegaciones.

En el plazo concedido, concretamente el 15 de octubre de 2013, la …….presentó escrito de alegaciones (documento nº 5) ampliando la información anteriormente facilitada al Consistorio y haciéndoles saber que la vivienda fue arrendada por su propietario,  a la ……. y a su esposo, como vivienda familiar, en fecha 19 de noviembre de 2010, entregándose dicha vivienda con la instalación de aire acondicionado, entre otros muebles y enseres de la vivienda.

Concretamente, se le puso de manifiesto al Ayuntamiento de Alcobendas, que en el contrato de arrendamiento se prohibía expresamente por el arrendador cualquier ejecución de obra sin el consentimiento de la propiedad, por lo que resultaba ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE LA ………….FUERA PROMOTORA DE LA INSTALACIÓN DEL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO O INCLUSO QUE PUDIERA LLEGAR A DESMONTARLO (tanto es así que se prohibía la realización de taladros en los alicatados del cuarto de baño y cocina).

En ese escrito también se le hizo saber al Ayuntamiento que se había informado a la inmobiliaria intermediaria del arrendamiento de que se había incoado un expediente sancionador por la instalación del aparato de aire acondicionado en un lugar que parecía no estar permitido, y la respuesta del arrendador fue que le quedaba prohibida expresamente cualquier obra de acondicionamiento de la vivienda.

Cuarto.- A pesar del anterior escrito de alegaciones y de que nuestra mandante ni tenía competencia alguna ni responsabilidad en la instalación del aparato, ni podía proceder a su desinstalación, la Administración demandada dictó el Decreto nº 11048 de 19 de diciembre de 2013, notificado el siguiente día 23 del mismo mes y año (documento nº 6), a través de la cual SORPRENDENTEMENTE imponía a nuestra mandante una sanción de 1.200,00 euros como responsable en concepto de promotora, de la infracción urbanística consistente en ejecución de obra de implantación de un equipo de climatización de la vivienda situada en la calle………………………………. en ubicación diferente a la autorizada en el proyecto original de construcción de la edificación sin la previa obtención de autorización municipal, infracción que se encuentra tipificada en el artículo 204.4 de la LSCM.

Esta resolución provocó que se volviera a presentar un escrito de alegaciones, en esta ocasión rubricado por el arrendador-propietario y la arrendataria, de fecha 23 de enero de 2014 (documento nº 7), en el que se volvieron a reiterar al Ayuntamiento de Alcobendas los argumentos que ya se habían puesto de manifiesto en el presente expediente:

  • Que la ubicación del aparato de aire acondicionado era consecuencia de la imposibilidad de colocarlo donde se preveía en el proyecto de construcción, ya que funcionaba incorrectamente.
  • Que ante tales deficiencias en su funcionamiento, la …………………………inició acciones judiciales que concluyeron con una Sentencia condenatoria a la constructora, quedando acreditadas tales deficiencias.
  • Además, se le dijo al Ayuntamiento que la Junta de Propietarios parece ser que iba a decidir dónde sería la ubicación definitiva de los aparatos de aire acondicionado de la Comunidad de Propietarios.

Quinto.- CUATRO AÑOS, UN MES Y DIECISIETE DÍAS después del Decreto que imponía la sanción administrativa a nuestra mandante y sin noticia alguna en ningún momento de la Administración ahora demandada, se dictó otro Decreto con el número 1437 de fecha de 5 de febrero de 2018 (documento nº 8), a través del cual:

1º.- Se desestimaban las alegaciones formuladas respecto del Decreto de 19 de diciembre de 2013. Recordemos que no era un recurso, sino que se trataban unas nuevas alegaciones a la enésima actuación de la Administración.

2º.- Se levantaba una desconocida suspensión de la ejecución del cobro de la sanción impuesta y se requería su pago por importe de 1.200,00 euros.

Pues bien, consideramos que, por un lado, los hechos no deben ser objeto de sanción administrativa, por lo argumentado en el seno del procedimiento administrativo  y  que más abajo se reiterará; y porque, en caso contrario y por el tiempo transcurrido, habría prescrito el derecho de la administración a exigir el pago de la sanción impuesta.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Que corresponde a la jurisdicción contencioso- administrativa el conocimiento del presente recurso y el órgano jurisdiccional al que me dirijo es el competente, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1, 2 y 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

II –

LEGITIMACIÓN.- Corresponde a mi poderdante la legitimación activa, por haber sido parte en el procedimiento administrativo que ha precedido a la actuación que se impugna y, en todo caso, por resultar afectada por la misma y ostentar un derecho o interés legítimo, tal y como establece el art. 19.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Corresponde a la Administración demandada la legitimación pasiva, conforme establece el art. 21.1 a) de la citada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

III 

PROCEDIMIENTO.- El procedimiento a seguir es el abreviado, establecido en los arts. 78 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

IV 

DE FONDO.- La resolución administrativa impugnada es contraria a Derecho y resulta lesiva para los intereses de mi mandante, causándole un grave perjuicio, por lo que procede declarar la nulidad de dicha resolución por los siguientes motivos:

1º) En primer lugar, invocamos la nulidad del Decreto de 5 de febrero de 2018 por extinción del derecho a exigir el pago de la sanción impuesta por haber transcurrido el plazo de cuatro (4) años desde que se dictó el Decreto de 19 de diciembre de 2013 por el que se imponía la sanción administrativa a nuestra mandante.

Desde el 19 de diciembre de 2013 hasta el siguiente 5 de febrero de 2018, han transcurrido sobradamente los de cuatro años que se establecen en los artículos 75 y 76 de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos del Ayuntamiento de Alcobendas.

Art. 75. Causas de extinción.

La deuda de derecho público se extinguirá, total o parcialmente, según los casos:

  1. Pago en la forma establecida en la Sección 3ª de esta Ordenanza. b. Prescripción.
  2. Compensación.
  3. Condonación.
  4. Insolvencia probada del deudor.

Art.76. Prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

  1. El derecho de la Administración para determinar la deuda de derecho público mediante la oportuna liquidación.
  2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas de derecho público liquidadas y autoliquidadas.
  3. El derecho a solicitar y a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

2º) Además de lo anterior, se viola el principio de responsabilidad previsto en el art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas (así como también, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos), que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa, ya que se le imputa la infracción administrativa a una persona no autora de los hechos que constituyen la supuesta conducta transgresora, por cuanto …………… no fue promotora en ningún caso de la instalación de la máquina de aire acondicionado.

………no instaló el aparato de aire acondicionado, no dio instrucciones al propietario sobre dónde debía instalarlo, ni podía retirarlo de la ubicación donde la propiedad decidió instalarlo, por lo que no se la puede hacer responsable de la infracción urbanística que ahora nos ocupa.

3º) Además de lo anterior, la sanción resulta improcedente por cuanto el aparato de aire acondicionado fue colocado por la propiedad de la vivienda (no por nuestra mandante) en el lugar que la Comunidad de Propietarios decidió, habida cuenta de que la ubicación establecida en el proyecto de construcción hacía que aquél no funcionara.

La Administración ahora demandada era perfectamente conocedora de que la Comunidad de Propietarios de la………….. (donde estaba sita la vivienda arrendada) presentó años antes una demanda contra la promotora ……………………., la constructora ……………….., y los que fueran

Arquitecto y Aparejador de la obra, entre otros motivos porque según el proyecto de construcción originario las máquinas condensadoras de aire acondicionado no funcionaban adecuadamente en el lugar de instalación previsto en el mismo, esto es, en el tendedero de la cocina, donde no tenían la suficiente ventilación.

En el proyecto de ejecución de las viviendas los tendederos se diseñaron abiertos, supuesto en que no se habría producido el referido problema de ventilación, pero posteriormente fueron cerrados, siendo estos cerramientos los causantes del deficiente funcionamiento de las máquinas de aire acondicionado por calentamiento.

Este defecto constructivo declarado definitivamente por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, en su Sentencia de 14 de septiembre de 2012, dictada en el seno del Recurso de Apelación nº 650/2011, confirma que si los propietarios querían instalar un aparato de aire acondicionado, la ubicación del proyecto de construcción original haría que no funcionaran, motivo por el cual, aquéllos buscaron otra ubicación, que es precisamente la que ha provocado la indebida sanción a nuestra mandante (se aporta, como documento nº 9, copia de la meritada Sentencia, dejando designados los archivos de la meritada Audiencia Provincial a los efectos probatorios oportunos.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito de demanda con sus copias y documentos que se acompañan, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia se sirva admitirlo y, tras los trámites legales de aplicación, el Tribunal estime nuestras pretensiones dejando sin efecto la sanción impuesta, en primer lugar, declarando la extinción del derecho a exigir su pago por prescripción; subsidiariamente y para el caso de no estimar la anterior petición, al no haber cometido nuestra mandante infracción urbanística alguna merecedora de la sanción administrativa impuesta; y con imposición de costas a la demandada.

PRIMER OTROSÍ DIGO que, de conformidad con lo establecido en el art. 40.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esta parte fija la cuantía del recurso en 1.200,00 euros.

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que conforme a lo dispuesto en el art. 57 LJCA interesa al Derecho de esta parte recibimiento del pleito a prueba y vista o conclusiones.

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior manifestación y acuerde conforme a lo solicitado.

TERCER OTROSÍ DIGO que, al amparo de lo establecido en el art. 129 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esta parte solicita la suspensión del acto impugnado, sobre la base de la misma resolución que ahora se recurre, ya que en ella se establece expresamente que “conforme establece el artículo 117 apartado 4 de la Ley 39/2015 citada anteriormente, únicamente en el supuesto de interponer recurso contencioso- administrativo y solicitar la extensión de la suspensión del cobro de la sanción en esta vía, se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en este sentido.

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior solicitud, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia lo admita y tras la tramitación de la oportuna pieza separada, el Tribunal acuerde la suspensión interesada por medio del presente escrito, sin necesidad de caución alguna.

 

Por ser de Justicia que pido en ……….., a …. de …. de 2019.

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