Alertas Jurídicas domingo , 24 enero 2021
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Financiación de las reformas energéticas de edificios: hacia un modelo de negocio mejorado

El acondicionamiento energético de edificios requiere unas inversiones iniciales significativas que deberían poder ser amortizadas con los menores costes energéticos que estos edificios tendrán en el futuro. Una adecuada financiación, así como políticas de apoyo e iniciativas educativas a gran escala, son las claves de esta oportunidad global de mercado poco aprovechada. ¿Por qué no se está sacando partido a este potencial? ¿Qué factores deberían cambiar para lograrlo?

Existe un gran potencial a nivel mundial de ahorrar costes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a un uso más eficiente de la energía. Como parte de este potencial genérico, existen multiplicidad de oportunidades —económicamente viables y rentables— de mejorar la eficiencia energética en viviendas y en inmuebles de uso comercial (sector terciario). Sin embargo, acometer estos proyectos es habitualmente complejo por la dificultad de movilizar los recursos financieros necesarios.

Los edificios representan entre el 40 y 45% de las necesidades energéticas de España, Reino Unido y EE.UU., países que actualmente están renovando la orientación de sus políticas y regulación en materia de eficiencia energética en inmuebles y que van a seguirse como ejemplo en la presente reflexión. Numerosos estudios indican que el consumo energético de los edificios podría reducirse entre un 25 y un 50% mediante la aplicación de mejoras energéticas y, dependiendo del grado de consecución de los objetivos de reducción de emisiones para 2050, es muy probable que muchos países tengan que conseguir reducciones más significativas. La optimización del rendimiento energético en edificios no sólo genera ahorros de energía con niveles de rentabilidad atractivos, ya que también mejora la seguridad energética del país, genera nuevos puestos de trabajo y consigue edificios más habitables. Diversos estudios apuntan que se podrían invertir entre 60 y 300 mil millones de dólares anuales a nivel mundial para aprovechar plenamente las oportunidades económicamente rentables que ofrece la eficiencia energética.

Aunque la política en esta materia tiene una larga historia que se remonta a la crisis petrolera de los años 70, vuelve ahora a ser foco de atención de los gobiernos, especialmente bajo el contexto de crisis económica que obliga a centrarse, como nunca antes, en la rentabilidad de las medidas orientadas a ayudar al ciudadano a ahorrar (en este caso energía) y a reducir sus gastos y emisiones. Un repaso genérico a las iniciativas regulatorias en EE.UU., Reino Unido y España muestra que en los últimos años —por razones de eficiencia, lucha contra el cambio climático, seguridad energética y coste— el número de nuevos marcos, programas y proyectos para promover la inversión en eficiencia energética destaca de forma considerable.

A pesar de las ventajas que supone la implantación de medidas de eficiencia energética en los edificios, las inversiones destinadas a este fin suceden a escala mucho menor a la que cabría esperar, desde el punto de vista de la rentabilidad económica

A pesar de las ventajas que supone la implantación de medidas de eficiencia energética en los edificios, las inversiones destinadas a este fin suceden a escala mucho menor a la que cabría esperar desde el punto de vista de la rentabilidad económica. La explicación a este hecho se encuentra en las carencias de los modelos de negocio que se están aplicando que, en mayor o menor medida unos u otros, dificultan la movilidad de los recursos financieros y no responden por igual a los intereses de todas las partes involucradas que actúan en el mercado.

Actualmente, la respuesta del mercado a la oportunidad que suponen las inversiones en eficiencia energética se viene haciendo por tres vías. La primera, el modelo financiado por el propietario, en el que los dueños de los edificios diseñan, gestionan y financian la reforma energética de su propiedad y asumen toda la responsabilidad en cuanto a la calidad del proyecto y a la rentabilidad de la inversión. La segunda, el modelo financiado por las empresas energéticas a través de un cargo fijo (aplicable en países con marcos regulatorios que lo propician), donde el coste de la inversión está orquestado, subvencionado y en ocasiones financiado en su totalidad por la propia compañía energética (el suministrador de electricidad o gas). Dicha inversión es reembolsada mediante pagos mensuales fijos, independientes del rendimiento energético del proyecto o a veces incluidos dentro de la misma factura energética. Y la tercera vía, el modelo en el que una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) diseña y financia una inversión en equipos o instalaciones eficientes, que es reembolsada únicamente a través de los ahorros energéticos, siendo la ESE quien asume la responsabilidad del rendimiento económico de la inversión y la calidad de la renovación.

Para calificar la idoneidad de cada uno de estos tres modelos de negocio hay que valorar en qué medida atienden a los intereses de las distintas partes interesadas y cómo abordan los múltiples desafíos del mercado que limitan el ritmo de implantación de medidas de eficiencia energética y añaden complejidad al proyecto. Las partes interesadas son los propietarios de los edificios, los inquilinos, las entidades financiadoras, los suministradores energéticos, los ESE y el propio Gobierno. Los desafíos son de carácter estructural, tales como un mercado muy fragmentado, los cambios de propietario o inquilino, las cuestiones ligadas a la representación y las distorsiones regulatorias, etc.; desafíos financieros, como el denominado cherry picking —selección solo de los componentes más rentables de una reforma como las medidas activas, como la iluminación y los contadores inteligentes— o la elevada exigencia de los consumidores para la tasa mínima de rendimiento económico con respecto a los cambios en las necesidades energéticas del edificio; y desafíos conductuales, como el bajo nivel de información y concienciación, las decisiones sin base económica o el efecto rebote (cuando los usuarios del edificio gastan más energía y no ahorran después de acabar la reforma energética). Para que sea realmente válido, un modelo de negocio de mejora energética debe considerar y resolver substancialmente gran parte de estos desafíos, así como satisfacer al unísono los intereses de todas las partes relevantes. Los tres modelos expuestos presentan carencias en ambos sentidos.

En nuestra labor de estudiar e intentar mejorar la práctica sectorial, el informe Financiación de Mejoras Energéticas en Edificios desarrolla el Modelo de Inversiones Agregadas (MIA), un nuevo modelo de negocio pensado para satisfacer mejor a las partes interesadas y superar mejor los retos y obstáculos que presenta el sector del mercado residencial y PYME. Además, creemos que podría proporcionar financiación institucional y de menor coste para acometer inversiones de forma más eficiente y económica en este sector. El MIA tiene cuatro aspectos principales: creación de un activo estandarizado de eficiencia energética, captación multicanal, reembolso en el recibo energético y el potencial para titulización con (o sin) garantías crediticias del estado.

 
Es el momento idóneo para fomentar y apoyar las reformas y para aumentar las inversiones en un amplio parque de edificios en nuestro país que son ineficientes

La aplicación del MIA podría abrir mercado con más rapidez que los tres modelos existentes gracias a la consecución de las siguientes mejoras específicas:

• Toma de decisiones del cliente y procesos de ejecución más sencillos: Teniendo en cuenta que los términos y condiciones estándar de las reformas energéticas acreditadas estarían regulados (como los depósitos bancarios), el cliente puede centrarse en el análisis de unos términos variables más limitados y entender fácilmente los contenidos de un documento de condiciones, incluyendo detalles específicos como el tamaño de la inversión, pagos fijos o estimados, garantías del proveedor de la reforma, etc. Un marco estable y estándar también facilitaría al cliente conseguir el mejor precio para el conjunto de componentes necesarios para la mejora energética ofrecida. La simplificación del proceso de toma de decisiones también ayudará al mercado a superar algunos de los obstáculos conductuales, tales como la falta de información y concienciación, y potencialmente bajar las tasas de rendimiento mínimas requeridas.

• Distribución más amplia: Al existir un mayor grado de certeza sobre la liquidez futura del activo estandarizado creado a partir de la ejecución de reformas energéticas, los bancos, las empresas energéticas y otros intermediarios tendrán más confianza y posibilidades de abrir sus balances primero a la generación y posteriormente a la posesión de activos estandarizados de eficiencia energética hasta que su evolución y el tamaño de la cartera permitan venderlos a un vehículo de titulización. El hecho de dar liquidez en el futuro a los activos estandarizados de eficiencia energética aumentará el número de distribuidores, lo que permitirá a las entidades financiadoras, empresas energéticas, ESE, proveedores de reformas y otros canales minoristas crear productos competitivos; incrementará el volumen de negocio de cada empresa a nivel individual; y creará igualdad de condiciones para los captadores de negocio con balances y capacidades financieras distintas.

• Financiación en punto de venta: El hecho de que los distribuidores puedan ofrecer financiación en el punto de venta de la reforma energética es un ingrediente clave para el éxito de este modelo en el sector residencial. En el contexto del MIA y de la colaboración entre un banco, una empresa energética y un proveedor de mejoras energéticas,  una oferta de financiación estándar y disponible de forma inmediata para que el propietario del edificio realice una reforma basada en paquetes de componentes certificados y estandarizados será considerablemente más atractiva que las alternativas actualmente disponibles.

El modelo de inversiones agregadas es lo suficientemente flexible como para ser aplicado en cualquier país y mercado del mundo, pero depende de un marco regulatorio que lo habilite. De hecho, nuestros estudios y entrevistas indican que para conseguir una implantación óptima de medidas de ahorro y eficiencia energética, es necesario abordar simultáneamente los tres grupos de desafíos ya expuestos: estructural, financiero y conductual. Creemos que este modelo, junto con un marco político adecuado, podría abordar los retos estructurales y financieros en el mercado actual, pero se necesita una inversión complementaria y significativa en educación y campañas informativas para abordar las barreras conductuales que ningún tipo de actuación financiera puede eliminar. 

Aunque actualmente el marco regulador español está lejos de promocionar activamente la financiación mediante las facturas existentes (un aspecto clave que mejoraría las características financieras, el cobro y la organización de los reembolsos), si se compara con EE.UU. o Reino Unido, no se observan razones estructurales por las que esto no se pueda contemplar en el futuro. Es más, creemos que en un futuro inmediato y con las directrices políticas correctas, las entidades financiadoras, las empresas de construcción, las ESE y las empresas energéticas en España podrían emprender proyectos piloto que resolverían en gran medida estos problemas. La mejora del rendimiento energético de los edificios es cada vez más un imperativo económico y social. Ahora es el momento idóneo para fomentar y apoyar las reformas y para aumentar las inversiones en un amplio parque de edificios en nuestro país que son ineficientes, contribuyendo así a un entorno más sostenible y fortaleciendo al país ante futuras tormentas económicas u energéticas.

Para más información sobre el estudio Financiación de la Eficiencia Energética en Edificios y comentarios al autor, por favor diríjanse a www.climatestrategy.es y info@climatestrategy.es

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Peter Sweatman, Director General de Climate Strategy

 

 

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