Alertas Jurídicas miércoles , 27 enero 2021
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Las estadísticas del INE confirman que una de cada tres empresas concursadas tiene como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria

El 31,8% de las empresas concursadas tiene como actividad principal la construcción y promoción inmobiliaria, el 20,0% la industria y energía y el 18,3% el comercio. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última estadística sobre procedimiento concursal.

 

Modificado el Plan Estatal de Vivienda para impulsar el alquiler y la rehabilitación

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR). El objetivo que se persigue es doble: por una parte, se da cumplimiento a la resolución del último Debate sobre el Estado de la Nación que establece como líneas prioritarias de la política de vivienda del Gobierno el impulso del alquiler y el fomento de la rehabilitación; por otra, la reforma va en línea con los compromisos acordados por el Gobierno en el seno de la Unión Europea para que el déficit en el conjunto de las Administraciones Públicas no supere el 3 por 100 del PIB en 2013.

Así, con el fin de que las ayudas para facilitar el acceso a una vivienda o su rehabilitación puedan llegar al mayor número de ciudadanos, se establecen una serie de medidas priorizando presupuestariamente el alquiler y la rehabilitación, ya que se considera que son las líneas que necesitan un mayor apoyo público por el impacto social del alquiler y el efecto económico y de generación de empleo de la rehabilitación. Al mismo tiempo, coinciden con las líneas más demandadas por ciudadanos, promotores y Comunidades Autónomas en el primer año de ejecución del Plan.

Las principales modificaciones que se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 se refieren a algunas subvenciones dirigidas a promotores y a las condiciones de los préstamos convenidos que obtengan o a la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de viviendas protegidas

 

El impulso de la rehabilitación de viviendas, como línea estratégica del Gobierno para hacer frente al ajuste del sector inmobiliario y a la creación de empleo, se basará en facilitar la financiación y, adoptar medidas que agilicen los trámites administrativos

Ante los vaivenes del mercado inmobiliario, son cada día más los que optan por rehabilitar su casa antes que comprarse una nueva. Las últimas iniciativas del Ejecutivo en este campo son una nueva deducción fiscal en el IRPF del 10% por obras de rehabilitación en la vivienda habitual o permitir a los particulares que accedan a créditos del ICO para reformas en sus casas.

Tres ejes serán las prioridades del Ministerio de Fomento en materia de vivienda: el económico, el social y la sostenibilidad urbana. Así lo ha anunciado José Blanco, que ha asegurado que los primeros retos a los que se debe hacer frente son “reactivar el empleo en el sector de la construcción y afrontar la digestión de viviendas y suelo que aún quedan en stock en el mercado inmobiliario”.

Para el impulso de la rehabilitación Blanco ha anunciado que se facilitará la financiación con tipos de interés atractivos y se impulsarán medidas para agilizar los trámites administrativos.

El ministro además ha hecho hincapié en el fomento de la rehabilitación energética y ha citado, como ejemplo, el ahorro de 482 euros al año en la factura de la luz y el gas que se puede conseguir en una vivienda media a través de la rehabilitación energética.

 

Modificado también el Reglamento del IRPF en materia de deducción por inversión en vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica los reglamentos de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes para adaptarlos a las nuevas medidas legislativas en materia deducción por inversión en vivienda.

 

El régimen transitorio permite a los contribuyentes que compraron antes del 1/1/2011, aplicarse la deducción por inversión en vivienda habitual, aunque su base imponible sea superior a 24.107,20 euros

Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.724,90 euros, que hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2011, podrán seguir aplicando la deducción, teniendo como base máxima de deducción 9.015 euros anuales, aún cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales. Los contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a 17.724,90 euros, podrán aplicar la nueva deducción, por ser más favorable.

Este mismo régimen será aplicable para obras de rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, siempre que se hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2011 y dichas obras finalicen antes de 1 de enero de 2015. Los contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a 17.724,90 euros, podrán aplicar la nueva deducción, por ser más favorable.

En cuanto a las cuentas viviendas, no se establece lo mismo. La nueva normativa del impuesto no regula un régimen transitorio para las cantidades que se depositen en entidades de crédito en cuentas que hubieran sido abiertas hasta el 31.12.2010, por lo que cada año deberá determinar si tiene derecho a aplicar la deducción por las cantidades aportadas en función de su base imponible, conforme al nuevo régimen de deducción en vivienda.

En cualquier caso, no deberán regularizarse las deducciones correctamente practicadas, siempre que finalmente se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en el plazo de cuatro años desde su apertura.

 

Gestha calcula que el ahorro medio por inversión en la compra de la vivienda habitual bajo la normativa aún vigente oscila entre los 800 y 1.200 euros

En conjunto, Gestha calcula que el ahorro medio por inversión en la compra de la vivienda habitual bajo la normativa aún vigente oscila entre los 800 y 1.200 euros, según la cuantía invertida, con un ahorro medio nada desdeñable de 816 euros.

Quienes ganen menos de 17.707 podrán desgravarse, mientras que aquellos con unos ingresos situados entre esta cifra y 24.107 euros anuales gozarán, por el contrario, de menos deducciones que con la normativa anterior.

De este modo, los contribuyentes que compren su vivienda habitual a en 2011, aunque perciban menos de 17.707 euros verán mermadas sus rebajas a partir del año en que superen esos ingresos, y perderán completamente la desgravación en el momento en que declaren más de 24.107 euros anuales.

Las deducciones por la apertura de una cuenta vivienda también podrán utilizarse este año, ya que se aprobó una enmienda socialista al proyecto de presupuestos del Estado para 2011. Según ésta, los contribuyentes que dispongan de una de estas cuentas, no perderán el derecho a las deducciones practicadas hasta el 31 de diciembre de 2010, siempre y cuando destinen ese saldo exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual, sea cual sea su nivel de ingresos.

 

En 2011 las cuentas vivienda también cuentan con las mismas limitaciones según el nivel de ingresos que la desgravación por compra de vivienda

El Banco de España prevé que los cambios fiscales aplicados para equiparar compra y alquiler desincentivarán la demanda de viviendas y obligarán a los promotores a aplicar más descuentos en 2011. El Banco de España prevé que los cambios que se aplicarán a partir de 2011 en el IRPF respecto de la deducción por compra de vivienda habitual que se realiza para equiparar la compra y el alquiler, , desincentivarán la demanda de viviendas y obligarán a los promotores a vender por precios aún más bajos, si quieren seguir deshaciéndose de su "stock".

Según el Boletín Económico del año, el precio de la vivienda ya "absorbe una parte excesivamente elevada de la renta disponible de las familias", lo que añadido a algunos cambios regulatorios, como la mayor neutralidad fiscal entre compra y alquiler, "debería tender a moderar los precios de la vivienda".

 

La obligación de que en 2020 todos los nuevos edificios sean de consumo de energía casi nulo, se establece en La Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios, siendo 2018 el plazo que se establece para los edificios públicos

La Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios, se basa en la consideración del enorme potencial de ahorro del sector de la edificación y el urbanismo para alcanzar estos objetivos de política energética. Los requisitos que se establecen son de mínimos, dependiendo de la voluntad política de los Estados miembros de aplicar medidas más estrictas y ambiciosas.

El Artículo 9 de la Directiva establece la obligación de que en 2020 todos los nuevos edificios sean de consumo de energía casi nulo, siendo 2018 el plazo que se establece para los edificios públicos. A este respecto, serán los Estados miembros quienes elaboren sus propios planes nacionales para incrementar el número de edificios de consumo energético casi nulo con objetivos intermedios para 2015 y establecer medidas financieras de apoyo y utilización de energías renovables. Los planes se publicarán en diciembre de 2012.

Además, la Directiva establece un sistema de certificados de eficiencia energética de los edificios, inspecciones de instalaciones de calefacción y aire acondicionado y de controles independientes.

Según nos informa Imedia press & market, más del 80% de la población reside en zonas urbanas cuyos edificios ya existentes producen el 27% de todas las emisiones de CO2. Si a este dato, le añadimos el hecho de que el 80% de este parque de viviendas seguirá en pie en 2050, abordar su eficiencia energética se convertirá en un factor vital para nuestro futuro ya a partir de 2011.

El consumo energético de los edificios ya existentes se puede reducir de manera eficiente entre un 20 y un 50%.  Las oportunidades que ofrece el mercado del acondicionamiento energético de edificios son muy atractivas: no sólo por los ahorros energéticos con unos niveles de rentabilidad de la inversión atractivos, sino también por la mejora de la seguridad energética de un país, la generación de puestos de trabajo y la mejora de la habitabilidad de los edificios.

Un  ahorro de hasta un 30% del consumo energético de la vivienda española será equivalente a un ahorro de 3.000 millones de euros anuales en costes energéticos para los españoles.

 

La Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios establece una serie de nuevos conceptos que se deberán incorporar en el futuro todos los edificios, nuevos y existentes

Entre las definiciones de la Directiva cabe destacar las tres siguientes:

1.  “Edificio de consumo de energía casi nulo”, con  un nivel de eficiencia energética muy alto mediante fuentes renovables.

2. “Nivel óptimo de rentabilidad” de la eficiencia energética a través del balance coste-beneficio durante la vida útil de cada elemento del edificio.

3. “Sistema urbano de calefacción y refrigeración”, como sistemas centralizados de distribución de energía térmica para la calefacción y refrigeración de múltiples edificios o emplazamientos con fuentes renovables.

 

Sólo un 21% de los Bancos ofrecen a sus clientes un coste de gestión de sus hipotecas inferior a 250 euros y realizan el proceso completo de una hipoteca en tiempos inferiores a 3 meses

Según un estudio de Servicio de Gestión Hipotecaria 2010 desarrollado por Agrupalia BPO, el coste medio de gestión es de 300,76 euros y tan sólo un 21,05% de los Bancos son realmente competitivos con un coste de gestión inferior a 250 euros. Este sobrecoste que se aplica directamente al bolsillo del cliente puede llegar a doblar la tarifa que cobra una entidad frente a otra. Se observan diferencias de hasta un 68,7% en los costes de gestión de una hipoteca de importe medio de 200.000 euros.

No obstante, cuando se toma la decisión de adquirir una vivienda y se necesita de un préstamo hipotecario para ello, la principal preocupación del consumidor es la de encontrar una entidad que proporcione el capital lo antes posible, por lo que las comisiones y costes de gestión se sitúan en un segundo plano.

Entre los Bancos también encontramos elevada diversidad en los plazos en los que tramitan y entregan las escrituras a sus clientes. El tiempo puede llegar a variar de una entidad a otra desde 7 meses a 2 meses. El tiempo medio de gestión de casi 4 meses. Sólo la quinta parte de los Bancos analizados se encuentran en tiempos inferiores a 3 meses. Aunque existen entidades que llegan a hacerlo en plazos inferiores a 2 meses.

 

Continúan las demandas contra la comercialización de los “clips” hipotecarios

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid vuelve a aceptar  a trámite la demanda presentada por 41 clientes contra Bankinter por la indebida comercialización de los "swaps" o "clips" hipotecarios.

Los afectados reclaman a la entidad un total de 431.945 euros más los intereses por las cantidades liquidadas por la entidad y la anulación de los contratos y acusan al banco de no informar debidamente de los riesgos del producto, que fue comercializado como un seguro que protegía al cliente de la subida de los tipos de interés.

 

Los bancos no pueden limitar el alcance de su aval a los compradores de viviendas

Cuando al comprador no le han entregado su casa en los plazo establecidos en el contrato de compraventa de una vivienda, tiene derecho a pedir al banco o a la caja que avaló su construcción que le devuelva las cantidades pagadas, sin que la entidad pueda aducir que el aval tenía un límite de tiempo o era por una cantidad inferior.

Así se ha dispuesto en una sentencia de la Audiencia de Cantabria, que condena a Caja Cantabria a responder solidariamente de la devolución de las cantidades pagadas como adelanto por un ciudadano a la promotora de unas viviendas en la localidad de Arce aunque el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santander entendió que la entidad financiera no debía responder por ellas, porque el plazo del aval había expirado.

La sección cuarta de la Audiencia corrige al juez y determina que, de acuerdo con la ley, el aval que obligatoriamente debe tener un constructor para poder solicitar pagos a cuenta a los compradores no expira hasta que se entreguen las viviendas, diga lo que diga el contrato con la caja o el banco avalista.
La entidad financiara avalista tampoco puede alegar que su aval, era por una cantidad inferior a lo adelantado por el comprador.

 

Utilizar la vivienda como aval para poder hacer frente al pago de la hipoteca puede ser una solución para no perder la vivienda pero, los bancos no aceptan permutar la hipoteca por el inmueble

Según Clifford Auckland Consultores de Hipotecas urgentes, vender la casa a cualquier precio es el mensaje que la banca quiere hacer llegar a los afectados que no pueden hacer frente a las cuotas de su hipoteca. Se estima que casi mil propietarios pierden su piso cada semana. La consultora insiste en la posibilidad de acudir a los créditos privados antes que malvender o deshacerse de la vivienda a la desesperada. La alternativa de utilizar la vivienda como aval para, por medio de un crédito, poder hacer frente al pago de la hipoteca bancaria durante un tiempo razonable, puede ser una solución al alcance de muchos afectados que están a punto de perder su vivienda.

Ante una ejecución de desahucio, o venta precipitada de una vivienda, acudir al crédito de capital privado puede evitar muchos problemas personales y la pérdida de grandes cantidades de dinero.

Según datos del Banco de España, las entidades financieras acumulan propiedades inmobiliarias procedentes de impagos de hipotecas, por un valor de 20.500 millones de euros. Otras fuentes llegan a situar esta cifra en torno al los 70.000 millones. En cualquier caso,  el número de ejecuciones hipotecarias continúa una escalada, que no ha dejado de aumentar a lo largo del año. Son las secuelas del endeudamiento hipotecario que tanto auge alcanzó durante los años del boom inmobiliario. El resultado, demasiadas hipotecas impagadas y un alto riesgo de morosidad. El Consejo General de Poder Judicial ha hecho pública que en el pasado 2010 se ha llegado a los 180.000 embargos de viviendas, con cerca de 85.000 expedientes de desahucio.

Ante esta situación, la banca española no acepta permutar la deuda hipotecaria a cambio de la vivienda. Su decisión ha sido refrendada por el Ministerio de Fomento, que ha anunciado que bajo ningún concepto se podrá liquidar una hipoteca entregando al banco la vivienda.

 

Las grandes inmobiliarias van a retomar la construcción de nuevas viviendas

Después de dos años de paralización de la construcción de nuevas viviendas, se volverán a edificar pisos, según ha informado el G-14. Las inmobiliarias que conforman este grupo han declarado que han encontrado puntos en el mercado donde el stock de pisos de obra nueva se está agotando y la demanda de este tipo de vivienda empieza a repuntar, es el caso de Madrid, Barcelona, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia.

El G-14 señala que el mercado español lleva 3 años con una demanda “muy por debajo” de la que se considera la demanda natural de un país (entre 350.000 y 400.000 viviendas por año). Cabe recordar que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria este grupo empezaba entre 500 y 600 promociones de vivienda nueva por mes.

El G-14 ha indicado que son varios los proyectos que se están considerando aunque el volumen de viviendas y el ritmo de construcción vendrán marcados por la financiación que se obtenga.

 

Según un informe estadístico del Colegio de Registradores de la Propiedad, el mercado de la vivienda comienza a dar síntomas de mejoría

Según estimaciones del Colegio de Registradores de la Propiedad, 2010 podría haberse cerrado con un volumen de compraventa de pisos en España próximo a las 470.000 operaciones, frente a las 423.114 de finales de 2009. Una cifra que aún estaría muy por encima de las 300.000 transacciones anuales en las que los expertos han situado el punto de equilibrio óptimo.

Números, sin embargo, a años luz de los registros dorados de 2006 y 2007. Años en los que se superaron las 900.000 operaciones. Todo apunta que esta mejoría se debe al adelanto de compra de miles de nuevos propietarios, condicionados por el fin de los incentivos fiscales para todas las rentas a partir de 2011. Un hecho que se traduciría en un desplome en el número de compraventas de casas en 2011.

 

Los promotores exigen desregular la actividad del sector inmobiliario ya que desde el año 2001, se han aprobado 91 normas generales sobre la vivienda: 56 autonómicas y 35 del ministerio

Menos regulación y más financiación. Éste es el clamor del sector inmobiliario según se puso de manifiesto en el XXIX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que se celebró en Sevilla.

Los directivos critican la maraña administrativa que envuelve a su actividad, aunque centraron sus dardos en los planes de vivienda y el registro de demandantes. Solicitan la implantación del silencio administrativo positivo (que se dé por admitida una solicitud si la administración no responde en tiempo y forma) o la supresión de la reserva de suelo para VPO.

 

El 90% de los españoles está descontento con el aislamiento acústico de su vivienda

La última encuesta realizada por la Asociación Española para la Calidad Acústica confirma que 9 de cada 10 españoles están descontentos con el aislamiento acústico de su vivienda lo que equivaldría a decir que, más de 42 millones de españoles reciben más contaminación acústica en sus hogares de la que les gustaría.

Por otro lado, el ruido más molesto que sufren los españoles proviene de sus vecinos, seguido a distancia por los ruidos provenientes del exterior.

 

El diario “The Wall Street Journal” aseguró que la escasa claridad de España sobre los precios de la vivienda, espanta a potenciales inversores

España se enfrenta al problema de determinar adecuadamente el valor real de las viviendas que salen al mercado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, puesto que el “puzzle” de datos al respecto, que infravaloran el descenso real de los precios, "confunde y espanta" a algunos inversores, según refleja en un artículo el diario “The Wall Street Journal”.

De hecho, “The Wall Street Journal” recordó que, mientras el ministro de Fomento, José Blanco, hablaba de un descenso del 11% en el precio del metro cuadrado desde 2007, la tasadora Tinsa indicaba que la caída llega al 18%, mientras otras firmas calculan descensos de entre el 20% y el 30%.

De este modo, el diario advierte de que uno de los riesgos de esta situación es que la incertidumbre impide valorar las pérdidas a las que se enfrentan los bancos españoles.

 

El Gobierno y la banca instan a los promotores a ofrecer precios más competitivos para dar salida al exceso de vivienda, y así desatascar la situación actual

El sector inmobiliario debe afrontar en este 2011 un nuevo ajuste para continuar por la senda de la absorción del stock de viviendas iniciado en el pasado 2010. La crisis hace que el ritmo de las compraventas no sea suficiente y Blanco aseguró en su primera intervención ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados al frente de la materia, tras la asunción de dichas competencias por la eliminación del Ministerio que dirigía Beatriz Corredor, que  hay "ofrecer precios más competitivos en aquella tipología de vivienda y suelo en que el exceso de oferta es más evidente", ya que es "un error retrasar decisiones de venta pensando que la situación del mercado inmobiliario es un mero bache en el camino".

El ministro afirmó que "los tiempos en los que la vivienda y el suelo eran activos que podían ser retenidos, únicamente para especular, no van a volver", y aunque ha pasado "lo más duro del ajuste", la normalidad "nunca consistirá en producir el triple de vivienda de la necesaria" o que "los precios crezcan tres veces más que los salarios".

Según la patronal de promotores y constructores de España (APCE), el peso del sector respecto al PIB ha pasado de superar el 10% al 4,5% actual. Por el camino, el sector ha dejado en el paro a 1,2 millones de trabajadores.

 

Según BNP Paribas Real Estat, el stock de vivienda podría agotarse antes de 2016

Al ritmo actual de absorción de vivienda —unas 150.000 unidades trimestrales— y con la producción prácticamente paralizada, el stock actual de vivienda a nivel nacional podría estar cerca de agotarse entre los ejercicios 2015 y 2016. Así lo ha anticipado Luis Martín, presidente de BNP Paribas Real Estate en España, en el curso de una jornada sobre el futuro del mercado inmobiliario de Sevilla.

 

Se prorroga un año más la Línea ICO-Cobertura para la compra de vivienda protegida

El ministro de Fomento ha anunciado la prórroga de la Línea del Instituto de Crédito Oficial ICO Cobertura de vivienda protegida (aprobada en julio de 2009) por un año, hasta el 31 de diciembre de 2011. Con esto, el Gobierno seguirá compartiendo el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de vivienda protegida cuyo fin es que las familias puedan acceder a las hipotecas para adquirir una vivienda acogida al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que contempla actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en compra y alquiler, promover la urbanización de suelo para VPO y mejorar el actual parque inmobiliario.

La Mesa está configurada por las principales organizaciones del sector (AEB, CECA, AHE, y UNACC), directivos de BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Ibercaja y Cataluña Caixa, en representación de las entidades colaboradoras preferentes del Plan, así como el ICO, los Ministerios de Fomento y de Economía y Hacienda y la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.

Fomento, a través de la Secretaría de Estado de Vivienda se está reuniendo con las comisiones bilaterales de todas las comunidades, con las que pretende firmar 110 acuerdos para la financiación de las áreas de rehabilitación y renovación urbana, 70 convenios de urbanización de suelo para vivienda protegida y 40 acuerdos para financiar la promoción de alojamientos para colectivos vulnerables y universitarios.

Mientras que los bancos han incrementado su aportación a lo largo del periodo en un 31,07%, y las cajas han elevado la financiación concedida en un 14,92%, las cooperativas de crédito han experimentado un crecimiento del 99,29%., por su parte las entidades públicas, han incrementado su aportación en un 578,56%.
En la reunión también se ha presentado un informe sobre el reajuste del PEVR 2009-2012 para intentar rebajar el déficit al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas, aunque manteniendo las prioridades políticas en el alquiler y la rehabilitación.

 

Se permite calificar como protegidas el excedente de viviendas libres terminadas sin vender, cuyos adjudicatarios adquirirán un derecho de superficie durante 99 años

El Real Decreto que regula los ajustes en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 por el que se prorrogan por dos años algunas de las medidas transitorias contempladas en el Plan Estatal de Vivienda, permite calificar como protegidas a inmuebles del excedente de viviendas libres terminadas sin vender.

Además, se introduce "un nuevo modelo intermedio" entre la promoción de viviendas protegidas para alquiler y venta, que consistirá en casas cuyo precio será, al menos, un 20% más barato que las destinadas a la venta, y cuyos adjudicatarios adquirirán un derecho de superficie durante 99 años. Según Fomento, esta medida ha sido solicitada por algunas empresas públicas de vivienda, y su objetivo es "aumentar el parque de vivienda protegida sin perder la propiedad del suelo".

A su vez, se permite, durante 2011, que los compradores de una vivienda puedan dejar de pagar durante un año el préstamo que han contratado para adquirirla si ya han abonado una anualidad completa. Además, las personas jurídicas que adquieran promociones completas podrán subrogarse con los mismos derechos y obligaciones que los promotores

También estará vigente durante los dos próximos años la posibilidad de autorizar la puesta en alquiler de viviendas de promociones destinadas a la venta como viviendas protegidas.

 

El Gobierno suprime la  ayuda directa a la entrada (AEDE) para comprar VPO a partir de 2011 pero, aumenta a 15 años las ayudas para pagar los préstamos convenidos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula los ajustes en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 entre los que destacan como principales modificaciónes, la supresión a partir de enero de 2011 de la ayuda directa a la entrada (AEDE) para la compra de viviendas protegidas (VPO), y  la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo.

Con estas medidas se persigue tanto potenciar el alquiler y la rehabilitación de inmuebles como reducir del déficit público acordados por el Gobierno en el seno la Unión Europea.

Entre las modificaciones del Plan Estatal de Vivienda destaca también el aumento de 10 a 15 años de las ayudas para pagar los préstamos convenidos para comprar una vivienda de protección oficial (VPO), que se incrementan de 4.000 a 14.500 euros.

 

El PP pretende legalizar en Galicia los núcleos rurales costeros, con un cambio en la Ley de Costas

El portavoz parlamentario del PP gallego, Manuel Ruiz Rivas, anunció la pretensión de su partido de promover la modificación de la Ley de Costas del Estado para exceptuar las "peculiaridades" de los asentamientos rurales del litoral gallego en las áreas de dominio público.

En definitiva se trata de lograr que los núcleos tradicionales se reconozcan como figura urbanística y que, por tanto, queden excluidos del dominio público, para que puedan realizarse en ellos las obras propias de suelo de núcleo rural definidas en la ley.

Según la propuesta del PP, el Estado deberá hacer cargo de todas las cargas hipotecarias y financieras sobre los bienes en las zonas afectadas que recupere, en caso de ejercer sus derechos en el dominio marítimo terrestre.

 

Los Abogados Urbanistas conmemoran la Constitución Española

La Asociación Española de Abogados Urbanistas conmemora la Constitución Española y recuerda  el importante papel que la Carta Magna ha otorgado a  las  Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos en materia de Urbanismo importantes.

Competencias que, la Constitución del 1978 asignó para legislar en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en virtud del art. 148.1 del texto constitucional y que, quedaron afianzadas a raíz de la importante Sentencia nº 61/1997 del mismo Tribunal Constitucional, el cual clarificó de forma palpable estas competencias y donde el Estado, sólo se reservaba las competencias recogidas en el art.149 del texto constitucional, es decir: derecho de propiedad, legislación sobre Expropiación forzosa, el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración y procedimiento administrativo común, las valoraciones, y medioambiente.

Y no podemos olvidar cómo también la Constitución Española ha atribuido autonomía a los Ayuntamientos para la gestión de sus intereses en materia de planeamiento, de gestión y en la ejecución del planeamiento.  Autonomía que ha quedado garantizada por la Ley de Bases de Régimen Local, haciendo por tanto que la materia de urbanismo sea compleja y merecedora de gran estudio por los profesionales que se desenvuelven en ella, necesitando gran especialización para abogados, arquitectos, técnicos..etc.

Hecho que ha creado un ordenamiento jurídico muy especial, contando cada uno con sus peculiaridades, puesto que existe una diversidad legislativa dependiendo de cada Ley del Suelo y de cada Comunidad Autónoma, y en la que no existen criterios interpretativos comunes de aplicación, que no va a ser solucionado por la Jurisprudencia. Puesto que la legislación de las Comunidades Autónomas, como saben los Juristas,  no va al Tribunal Supremo, que es  el órgano que unificaría los criterios derivados de los distintos fallos de los Tribunales Superiores, sino que el criterio depende de cada Tribunal Superior de Justicia y de cada Comunidad Autónoma.

 

Las Comunidades de Propietarios de Madrid se dotan de más seguridad jurídica

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la firma Logalty para implantar un servicio telemático que garantizará la seguridad jurídica en las notificaciones realizadas por el administrador, tanto a la comunidad de propietarios, como a proveedores, clientes y otros terceros. El nuevo servicio facilitará la reclamación a comuneros morosos mediante una notificación electrónica certificada. La empresa colaboradora dispone de un sistema de notificación certificada validado ya por varias resoluciones judiciales.

A través de estos servicios de notificación certificada, electrónica o en papel, se reducirá de forma muy significativa los riesgos legales de la impugnación de los acuerdos alcanzados en las comunidades y se amplía la consistencia de la prueba. Así, las convocatorias de juntas, la remisión de las actas, las reclamaciones de impagados, los requerimientos a comuneros, la gestión de presupuestos y las comunicaciones con las distintas administraciones y empresas viajarán en un entorno más fiable y con procesos de notificación seguros, permitiendo un ahorro de costes muy significativo y una mejora de los procesos operativos.

Con plena garantía jurídica y, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad de prueba en sede judicial, se asegura la integridad del contenido y su custodia un mínimo de cinco años y evitando el repudio de las notificaciones realizadas, incluyéndose en su proceso, la custodia del contenido de cada envío en diferentes Notarios.

Asimismo, con el objetivo de tener prueba del momento de envío y de la inalterabilidad de todas las evidencias electrónicas, Logalty incorpora en sus servicios los sellados de tiempo de una prestigiosa Entidad de Certificación externa, Firma Profesional y custodia todas las pruebas un mínimo de cinco años.

 

Martinsa Fadesa superará el concurso de acreedores gracias a la aceptación que tiene el plan de pago que ha propuesto    

Al igual que otras grandes firmas del sector, como Llanera y Habitat, la compañía presidida por Fernando Martín conseguirá superar los concursos en los que se vio envuelta tras el año 2007, momento en el que comenzó la crisis inmobiliaria y económica.

La empresa diseño un plan para pagar sus deudas y ahora concluye el plazo para que los acreedores manifiesten su adhesión al mismo. Este plan consiste en el compromiso de la inmobiliaria a abonar su deuda íntegra (sin quitas), pero en un plazo de ocho años, que empezaría a contar con 2012. Además, en los tres primeros ejercicios (2012-2014) la amortización oscilaría entre el 0,25% y el 0,50% del total del pasivo. También abre la posibilidad a que los bancos canjeen su deuda por acciones de la inmobiliaria. El plan cuenta hoy en día, con el voto favorable del más del 50% necesario, que garantiza su aprobación y constituye el paso definitivo para que una empresa supere la tutela judicial y, por tanto, la suspensión de pagos.

No obstante, el auto del Juzgado Mercantil de A Coruña declarando la superación del concurso de Martinsa Fadesa se demorará aún unas semanas, hasta que se cumplan los preceptivos plazos para el recuento de adhesiones y presentación de eventuales alegaciones.

Según el informe que llevó a cabo la administración concursal, la sociedad cuenta con activos valorados en 7.264,6 millones de euros para atender a la deuda de 6.900 millones de euros que soporta.

Durante estos dos años y cuatro meses de concurso de acreedores, la compañía ha intentado mantener su actividad. Así, ha logrado entregar un total 5.700 viviendas, promover 142 avances de gestión urbanística de suelo y facturar 1.340 millones de euros.

 

La línea ICO para la moratoria hipotecaria dispuesta desde el 1 de marzo de 2009 ha tenido una demanda mínima

La línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la moratoria de hipotecas ha tenido un efecto prácticamente nulo, desde que se inició esta medida por el Gobierno. En más de un año y medio, entre el 1 de marzo de 2009 y hasta el pasado 22 de noviembre de 2010, apenas había acogido 13.664 operaciones suscritas por 54 entidades financieras distintas por un importe de 77,99 millones de euros, frente a los 6.000 millones de euros con los que está dotada. Es decir, apenas se ha movilizado el 1,2% del dinero que el Ejecutivo destinó a esta partida a pesar de que podría haberse beneficiado unas 500.000 personas.

La línea, cuya vigencia está dispuesta desde el 1 de marzo de 2009 hasta el próximo 28 de febrero, tiene como objetivo el aplazamiento temporal y parcial en la obligación de pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias durante estos dos años, con un máximo de 500 euros mensuales.

Sus beneficiarios son principalmente parados, trabajadores por cuenta propia con escasos ingresos y perceptores de pensiones de viudedad titulares de una hipoteca suscrita antes de 1 de septiembre de 2008 por un importe igual o inferior a 170.000 euros y que no se encuentre en situación de mora.

 

El TSXG desestima los recursos de apelación interpuestos por el gobierno local en relación a la urbanización del Garañón en Lugo

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) finalmente ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el Ejecutivo lucense en relación con el proyecto de urbanización de la unidad de actuación CS-5 o urbanización de las Cuestas del Parque. El Tribunal entiende que es necesario un informe de la Xunta. En su sentencia, el Tribunal estima que el Ayuntamiento es el competente para aprobar el proyecto de urbanización, no obstante, esto "no significa ignorar que, cuando dentro de su ámbito o colindancia se encuentran bienes catalogados o inventariados, tiene que intervenir igualmente el departamento autonómico competente en materia de protección del patrimonio". En este terreno, según argumenta la sentencia, está probada la colindancia e inclusión de las termas romanas en los contornos de protección, como también lo está el sanatorio Portela, que aunque no figura como bien catalogado, sí está incluido como patrimonio en el Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia.

El Ayuntamiento lucense ha comunicado a los medios, según información recogida por el Diario El Mundo, que solicitará el informe de la Xunta de forma inmediata. Asimismo han explicado que, desde su punto de vista, la sentencia no cuestiona la validez del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la unidad, ni entra en la licencia de edificación del ámbito de actuación.

 

El Ministerio de Fomento ahorrará unos 4.700 millones en sobrecostes en la construcción de infraestructuras

Una orden ministerial de eficiencia, que fue publicada en el BOE el pasado mes de diciembre de 2010, controlará la construcción de infraestructuras ferroviarias, viarias y aeroportuarias. Según esta orden, las obras adicionales planteadas por otras administraciones serán abonadas por la entidad que las solicite. Las previsiones del titular de la cartera de Fomento, José Blanco, estiman un ahorro de un 22% de la inversión prevista.

El objetivo de esta nueva orden de eficiencia es terminar con los desfases económicos en la construcción de ferrocarriles, autovías y aeropuertos. Fomento pretende ahorrar con la misma hasta 4.700 millones de euros, lo que supondría el 22% de la inversión prevista, según fuentes del propio Ministerio, y afectará a todas las obras que se encuentren en fase de estudio informativo o proyecto, así como, en algunos casos, a obras en ejecución.

Para eliminar las desviaciones en la ejecución de estas infraestructuras, se establece la obligatoriedad de que el presupuesto del proyecto se ajuste al fijado en el estudio informativo.

Asimismo, según informaciones que el Ministerio ha compartido con los medios, a partir de ahora también será obligatorio que las obras adicionales planteadas por otras administraciones, y que "no estén totalmente justificadas para la operatividad de las infraestructuras", serán abonadas por la entidad que las solicite y no por Fomento.

Otra de las medidas destacadas por el ministerio de Fomento es el establecimiento de cuadros de precios de referencia "para homologar los costes cuanto sea posible".

 

La ayuda de Renta Básica de Emancipación sumó 99.479 nuevos beneficiarios en 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento

En total y desde su nacimiento en enero de 2008 la Renta Básica de Emancipación, 267.000 jóvenes han disfrutado de esta ayuda del Gobierno para hacer frente al pago del arrendamiento de su vivienda. Lo cierto es que 432.039 jóvenes han solicitado la RBE desde su creación. Durante el pasado año 2010, la subvención estatal sumó 99.479 nuevos beneficiarios, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento.

Una cifra acumulada que coincide casi con las resoluciones positivas emitidas y cuyo pago del alquiler ha sido verificado. Desde Fomento se apunta que ya han sido abonadas el 97% de éstas (275.129). 

Las Comunidades Autónomas han concedido y enviado al Ministerio 319.540 resoluciones positivas, mientras que han denegado la ayuda o la han anulado en 84.413 casos.

 

Las constructoras medianas que representan el 8,6% de la actividad, reducirán al 5% su facturación en 2011 y encadenarán cuatro años de caídas

Según el informe de la firma de análisis sectorial DBK, las empresas mediana constructoras reducirán alrededor del 5% su facturación en 2011, con lo que encadenarán así cuatro ejercicios de descensos.
Sólo una media del 0,2% de su facturación proviene de negocios en mercados internacionales, y el 12%, de actividades distintas a la construcción, de la que dependen así el 88% de sus ingresos.

La caída de ingresos de este año será la mitad respecto a la del 11% con que las medianas constructoras (las que facturaron entre 50 y 150 millones de euros) cerraron 2010, y una tercera parte del descenso del 15,2% de 2009.

A pesar de los menores ingresos, estas compañías mantienen su peso en el conjunto del sector, dado que siguen representando el 8,6% de la actividad constructora total del país.

 

 

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